En un desayuno organizado por Europa Press, Saiz explicó que el objetivo de dicha reforma es “simplificar trámites y mejorar la protección de los derechos de las personas migrantes”. Además, indicó que en marzo se celebrará una nueva conferencia sectorial sobre inmigración con las comunidades autónomas, en línea con el compromiso anunciado en diciembre.

Según lo avanzado por el Ministerio, el nuevo reglamento busca reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de este colectivo.

También contemplará la trasposición de las dos normativas europeas aprobadas bajo la presidencia española: la Directiva de Permiso Único, que permitirá agilizar el procedimiento de un permiso combinado de trabajo y residencia y ofrecer más garantías de protección contra la explotación laboral, y la Directiva de Residencia de Larga Duración, que mejora los derechos de estos residentes y de sus familiares.

En su intervención, Saiz subrayó que ya en 2022 se llevó a cabo una modificación del reglamento de extranjería “en este mismo sentido”. Sin embargo, “vamos a volver a hacerlo”, insistió, con el fin de “acompañar en los procedimientos y simplificar cargas”.

BULOS

Por otro lado, la ministra apeló a “la responsabilidad de periodistas y medios de comunicación” para “combatir los mensajes de odio” y “los bulos sobre la inmigración”. Puso como ejemplo positivo el reciente desmentido (gracias a la verificación de datos) sobre una información viral que aseguraba que la inmensa mayoría de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son inmigrantes. “Esta información es mentira”, zanjó, pues en torno al 85% de los titulares que perciben esta ayuda tienen nacionalidad española. Con todo, “lo más grave del mensaje es su intención”, valoró Saiz.

Este tipo de mensajes buscan “intoxicar y generar confrontación”, añadió, por lo que llamó a los medios a “insistir en el rigor y en la verificación de los datos”. Desde luego, “en este ministerio ponemos pie en pared para erradicar cualquier atisbo de vinculación entre inmigración y delincuencia”, como sucedió “con las denuncias infundadas” que relacionaban agresiones sexuales en Alcalá de Henares con la llegada de inmigrantes desde Canarias.