Según el documento de este protocolo Estado-Iglesia, es prorrogable otro año más, si lo acordasen las partes, y no incluye baremos para las indemnizaciones de las víctimas. Este documento lo firmaron este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego. Firmaron, en la sede del Defensor del Pueblo.

El protocolo recoge que la reparación puede ser simbólica o restaurativa (disculpas, reconocimiento, acompañamiento, medidas preventivas); económica, según la gravedad, el daño, las secuelas y la situación de la víctima; gastos de tratamiento (físico o psicológico); y atención social cuando sea necesaria. Además, no se pronuncian responsabilidades penales ni administrativas.

Las víctimas que ya antes hayan recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso, Priva) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto. Sin embargo, se evitarán “duplicidades”, es decir, que una víctima no puede acudir a los dos sistemas a la vez,

A partir del 15 de abril, las víctimas podrán presentar su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Priva para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta será definitiva y se trasladará a la Comisión Asesora Priva para su ejecución.

En caso de disconformidad, se creará una Comisión Mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes, así como asociaciones de víctimas, para buscar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si no hubiese acuerdo, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.

El protocolo establece como víctimas a las personas que, siendo menores o teniendo capacidad modificada, sufrieron abusos sexuales en instituciones ligadas a la Iglesia. Se incluyen abusos tipificados en el Código Penal (CP) y abusos recogidos en el Derecho Canónico.

Si la víctima falleció, pueden solicitar reparación sus causahabientes. Además, abarca los abusos cometidos por clérigos, religiosos, consagrados, y laicos con misión o función encomendada por la Iglesia, incluidos trabajadores.

Igualmente, el protocolo Gobierno-Iglesia establece los principios en los que se basará este sistema de reparación, tales como la dignidad, la memoria y la justicia restaurativa. Al mismo tiempo, se establece la verosimilitud como criterio de valoración (no requiere prueba judicial). Así, será un sistema “profesional” porque participarán expertos independientes, se garantizará la “transparencia y la confidencialidad”. El sistema durará un año, prorrogable a otro más.