El protocolo firmado este lunes entre el Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito tendrá una vigencia de un año y arrancará el próximo 15 de abril sin incluir baremos para las indemnizaciones.