Este observatorio, dirigido por el profesor José María Rotellar y que cuenta con un consejo asesor conformado por Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Jaime García-Legaz, Gregorio Izquierdo, Fernando Merry del Val, Javier Fernández-Lasquetty y Pedro Cortiñas; asegura que existe una "agresiva restricción medioambiental no justificada", que puede llegar a retrasar dos o tres años la construcción de viviendas.

También pide crear un marco adecuado para que las compañías inmobiliarias puedan alcanzar un tamaño relevante que le permita aprovechar las economías de escala y, especialmente, captar la atención de los inversores internacionales, que buscan invertir en compañías y operaciones de gran tamaño.

Asimismo, llama a evaluar los efectos de las políticas de control de precios y cuotas de vivienda protegida tanto la que obliga a determinados porcentaje de vivienda pública como a la limitación de precios también en el mercado de alquiler, que expulsa a ciudadanos que desearían alquilar y que, ante la dificultad existente para ello, recurren a la compra.

También recomienda acabar con la limitación de alturas y la limitación demográfica, así como adecuar el diseño urbanístico a necesidades reales que evite el consumo de suelo edificable en grandes calzadas y avenidas con sobrecapacidad, que son infrautilizadas y que drenan suelo disponible.

Por otra parte, urge a reforzar la seguridad jurídica el mercado de la vivienda, con un cambio normativo que luche contra la ocupación y que permita recuperar una vivienda en casos de ocupación ilegal de manera inmediata, pues ello "contribuirá a mejorar la oferta en el mercado de alquiler y a aliviar tensiones en los precios, vía menor demanda, en el de compra de viviendas".

Además, pide analizar una posible reducción de los impuestos a las viviendas, incluso eliminarlos. "En vivienda de segunda mano, las autonomías pueden reducir al 0% el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual. En el caso del IVA, el Gobierno podría solicitar a la UE que incluyese la vivienda habitual en aquellos bienes y servicios que pueden ser objeto de aplicación de tipo cero", aconsejan desde el Observatorio, quienes especifican que dicha bajada "convendría que fuese justo después de la liberalización del suelo y la eliminación de la burocracia".

Por último, piden promover un marco de actuación equilibrado en el mercado de la vivienda como la que existe, que "tapona las posibilidades de los ciudadanos", especialmente de los jóvenes, para comprar una vivienda, con gran incidencia en la clase media.

"Gran parte de la ciudadanía no puede acceder a una vivienda de ayudas públicas, puesto que tiene una renta mayor al listón que da derecho a optar a ella, pero, con todos los impuestos que paga y los que gravan la vivienda, no tiene capacidad para afrontar la compra de una, porque los precios son exorbitados debido a la regulación e intervención en materia de vivienda y a la voracidad recaudatoria", denuncian.