Según informó este miércoles el departamento ministerial, el estudio concluyó que el Ministerio dispone de un sistema preventivo robusto y alineado con estándares internacionales, sustentado en mecanismos de control interno, transparencia y toma de decisiones colegiada.

El análisis abarcó un total de nueve centros directivos y organismos estratégicos: el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el Comisionado de Salud Mental, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Dgpnsd), la Secretaría General de Salud Digital, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la Dirección General de Ordenación Profesional, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En conjunto, se analizaron 138 funciones, identificando 317 indicadores de riesgo asociados a potenciales conflictos de interés, y validando 287 medidas preventivas ya implantadas en los distintos ámbitos de actuación.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

El informe destacó la colegialidad como uno de los principales elementos de protección frente a riesgos, al reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones mediante estructuras compartidas como comisiones técnicas y órganos de coordinación.

Asimismo, se constató una amplia implantación de las Declaraciones de Ausencia de Conflictos de Interés (DACI) y compromisos de confidencialidad en procesos críticos, especialmente en la gestión de subvenciones y el acceso a datos sensibles.

En materia de transparencia, siete de las nueve unidades evaluadas disponían de mecanismos específicos para la gestión ética de relaciones con agentes externos, incorporando criterios de control, registro y seguimiento de reuniones, buenas prácticas y excelencia institucional.

El Observatorio propuso 33 medidas orientadas a reforzar la homogeneización de políticas en todo el Ministerio. Entre ellas destacan la extensión de modelos avanzados de DACI, la publicación sistemática de agendas institucionales y el desarrollo de un protocolo común para la interacción con la industria.

Estas acciones marcarán el inicio de la fase final del ciclo de gestión, centrada en la implementación de mejoras y la consolidación de un sistema de evaluación continua.