Los miembros del denominado Grevio se reunieron a continuación con la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, y con la vocal Carmen Llombart. También asistieron al encuentro el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar; la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla, Myriam Quintero, así como representantes de diversos órganos técnicos del CGPJ.

El encuentro se centró en los asuntos que suscitan el interés de Grevio, como son la protección de los menores víctimas de la violencia de género; la especialización de los órganos judiciales en materia de violencia sobre la mujer en el sentido amplio que recoge el Convenio de Estambul; la eficacia de la respuesta judicial frente a todas las formas de violencia contra las mujeres o las consecuencias de la aplicación de la LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, entre otros.

Respecto a la eficacia de la respuesta judicial frente a todas las formas de violencia sobre la mujer, se explicó a Grevio la importancia de la formación y sensibilización de los miembros de la Carrera Judicial, una materia desde hace años prioritaria para el CGPJ, que ha contribuido también a aumentar la confianza de las víctimas en el sistema judicial como lo pone de manifiesto el incremento de las denuncias y de las sentencias condenatorias.

También se destacó que el Observatorio está impulsando la puesta en marcha de la especialidad en violencia sobre la mujer, un avance más en la formación de todos los jueces y juezas que quieran ejercer en órganos judiciales especializados en la materia. Para obtener la plaza tendrán que cursar y aprobar una oposición, igual que ocurre con otras especialidades, como son contencioso-administrativo, civil o mercantil.

Asimismo, los anfitriones explicaron a los miembros de Grevio que la formación en perspectiva de género está presente en todas las etapas de formación de los jueces y magistrados: desde las pruebas de acceso a la Carrera Judicial, pasando por los temarios que se imparten en la Escuela Judicial, hasta las actividades de formación continua o las de cambio de orden jurisdiccional, donde es de carácter obligatorio.

En resumen, hasta el año 2023 el CGPJ ha celebrado 475 actividades monográficas en perspectiva de género y lucha contra la violencia sobre las mujeres y 103 cursos obligatorios de cambio de orden jurisdiccional. En total, se han ofertado más de 9.800 plazas para formación.

PROTECCIÓN DE MENORES

La protección de los menores víctimas de violencia de género es una cuestión que preocupa especialmente a Grevio. Sobre esta cuestión, se explicó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil impulsada por el Observatorio incluyó una serie de medidas preventivas entre las que figura la obligación de los juzgados de consultar el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) en el momento de admitir la demanda de separación o divorcio para saber si existen o han existido procedimientos de violencia sobre la mujer entre los cónyuges o progenitores. Esta consulta se debe reiterar en distintos momentos durante la tramitación del procedimiento, lo que permite aumentar los controles y prevenir situaciones de riesgo.

El Observatorio aportó datos sobre la suspensión de la guardia y custodia y del régimen de visitas en los casos de violencia de género (en 2023 se dictaron 6.850 resoluciones judiciales que acordaban este tipo de medidas) tras las últimas reformas legales. En el mismo sentido se había pronunciado ya desde 2011 el Tribunal Supremo. También advirtió de la importancia de indagar en cada caso concreto, en cada familia y con cada menor para adoptar la decisión más adecuada para proteger el interés del menor.

Durante la reunión, se explicó que la seguridad de los menores se garantiza también con las órdenes de protección y la adopción de medidas concretas como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctimas, la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, a su lugar de trabajo o al centro escolar. Durante 2023, los órganos judiciales dictaron un total de 35.551 órdenes de protección penales, lo que supone siete de cada diez medidas de protección solicitadas.

Entre otras cuestiones, Grevio se interesó por las consecuencias de la aplicación de la Ley del ‘sólo sí es sí’. El magistrado Julián Sánchez Melgar fue el encargado de explicar la doctrina establecida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y los motivos por los que en la mayor parte de los casos l aplicación de esta ley ha supuesto la reducción de las penas.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS

La documentación entregada a los miembros de Grevio contiene también información sobre la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer, ya sea ejercida por la pareja o expareja como por terceros, tal y como recoge el Convenio de Estambul.

Sobre este punto, se les explicó que para que los juzgados de violencia sobre la mujer puedan asumir esas nuevas competencias no es suficiente un cambio legislativo. Éste debe venir acompañado de la correspondiente dotación de medios materiales y personales, que competen tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas.

En concreto, debe ampliarse la planta judicial, el número de miembros de la carrera Judicial, de fiscales y de letrados de la Administración de Justicia, así como dotar a los órganos judiciales de las infraestructuras, tecnología y demás medios materiales necesarios. Sin todo ello, los juzgados de violencia sobre la mujer sufrirían un inasumible aumento en la carga de trabajo que iría en claro perjuicio de las víctimas y de sus hijos.