En el ‘OECD Economic Outlook Interim Report’, publicado este jueves, el organismo señaló que estas propuestas se sumarán a los retos presupuestarios que ya enfrentan la mayoría de los Gobiernos, con déficits presupuestarios elevados, así como un alto nivel de deuda y un aumento de los costes de los intereses.

“Se necesitan medidas fiscales creíbles y bien diseñadas para salvaguardar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y preservar la capacidad de reaccionar ante futuras crisis”, recalcó la OCDE.

Estas nuevas presiones fiscales llegan en un momento en el que los países se enfrentan a un mayor desembolso en gasto en defensa en el corto plazo, y al gasto para dependencia por el envejecimiento de la población y el cambio climático en el largo plazo. En el conjunto del G20, la deuda pública bruta ha aumentado en cerca de un 40% del PIB desde 2007, antes de la crisis financiera mundial.

La OCDE instó en su informe a que cualquier nueva medida discrecional que tomen los países se centre en los hogares más necesitados y en las empresas viables. Además, recomendó preservar los incentivos para reducir el consumo de energía y contar “con mecanismos claros de expiración”.

Por el contrario, desaconsejó la subvenciones y transferencias de base amplia, las rebajas fiscales y los límites máximos de precios. “Son fáciles de aplicar, pero tendrán mayores costes fiscales y debilitarán los incentivos para reducir el consumo de energía”, aclaró.

La OCDE señaló que el ritmo y la composición de los ajustes fiscales para esta nueva crisis debe adaptarse a las economías y a sus condiciones iniciales, y tener muy en cuenta el estado de sus finanzas públicas.

A la hora de aprobar medidas para la crisis derivada de la guerra en Irán, los países cuentan con la experiencia de los paquetes impulsados entre 2022 y 2023 para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. La OCDE apuntó en su informe que se “generalizó el uso de ayudas discrecionales” pero “no se orientaron adecuadamente y acarrearon importantes costes fiscales”.

En su valoración de esas políticas, la OCDE también encontró que muchos gobiernos mantuvieron ayudas energéticas para los consumidores mucho tiempo después de que bajaran los precios de la energía, a pesar de que se habían incrementado de forma permanente los salarios mínimos y las prestaciones sociales para tener en cuenta la inflación acumulada.

GASTO EN DEFENSA

Los Gobiernos tienen previsto aumentar “considerablemente” su gasto en defensa para cumplir con el 3,5% del PIB comprometido con la OTAN para 2035. Algunos países pueden alcanzar esa cifra financiándose mediante deuda, pero eso solo resulta posible a corto plazo.

En un horizonte temporal más amplio, los países tendrán que compensar “con recortes en el gasto no militar o con un aumento de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal”, siempre que el gasto en defensa se mantenga elevado, como precisó la OCDE.

Aquellos países que opten por endeudarse para financiar el gasto en defensa podrían experimentar un repunte de la actividad económica a corto plazo, sobre todo si sus niveles de deuda son bajos. No obstante, con el tiempo puede que se produzca un desplazamiento de la actividad no relacionada con la defensa.

La OCDE señaló que esta expansión del gasto en defensa en todos los países podría ofrecer beneficios colectivos, incluso a aquellos sin producción militar nacional. Sin embargo, esto también podría desembocar en un aumento de los precios del equipo de defensa, lo que reduciría el poder adquisitivo de los presupuestos de defensa.

La situación actual en Oriente Medio también podría aumentar las presiones sobre el gasto a corto plazo, según puntualizó la OCDE en su informe.

El organismo aconsejó apostar por una contratación pública eficaz para que los gobiernos puedan contener los costes de las mejoras de las capacidades, fomentar la innovación y promover el crecimiento de la base industrial de defensa. En el caso concreto de la Unión Europea (UE), otra prioridad es promover mercados regionales eficientes a través de la armonización de las normas de contratación pública.