Así se recoge en el 'Estudio Económico de España', en la que vuelve a reclamar a España un plan fiscal a medio plazo para acelerar el ritmo de consolidación fiscal que pase por incrementar los ingresos y hacer más eficiente el gasto.

De no hacerlo, la OCDE advierte de que la deuda pública “podría seguir una tendencia ascendente en los próximos años”, acercándose al 200% del PIB en 2060 bajo el escenario base por el envejecimiento de la población.

En el corto plazo, la OCDE no compra todavía la senda fiscal del Gobierno y, aunque calcule que el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB –frente al 3,9% previsto por el Ejecutivo–, cree que España incumplirá su objetivo en 2024 y solo lo rebajará hasta el 3,5% del PIB, lejos del 3% que exigen las reglas fiscales, que se reactivarán este próximo año.

Ante este augurio, pide eliminar “total y rápidamente” el paquete anticrisis –que recoge rebajas del IVA de la electricidad y los alimentos– y recomienda que, en el caso de que se aprueben nuevas medidas, se destinen a los más vulnerables.

SUBIDAS IMPOSITIVAS

En el medio y largo plazo, la OCDE pide ajustes fiscales para aumentar los ingresos y hacer un mejor uso de los gastos.

En primer lugar, el documento apuesta por la eliminación del IVA superreducido (4%) y reducido (10%), que generaría 5.000 millones más, así como la entrada en vigor de nuevos impuestos verdes por valor de 5.000 millones y una mayor grabación sobre el alcohol y el tabaco para recaudar otros 1.300 millones.

En paralelo, la institución con sede en París pide reducir la fiscalidad sobre el patrimonio en unos 1.500 millones y sobre las familias con bajos ingresos en otros 3.000 millones. Con todas estas medidas, el Gobierno incrementaría sus ingresos en 6.800 millones, lo que equivale a un 1 punto del PIB.

LAS PENSIONES, BAJO LA LUPA

Por el lado del gasto, la OCDE admite que se necesitarán nuevas medidas en lo que se refiere al sistema de pensiones, entre ellas, vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida (lo que reduciría el gasto en 1.500 millones). En este sentido, el informe indica que, si se retrasase la edad de jubilación hasta los 68 años, se lograría un efecto positivo sobre el déficit equivalente al 1% del PIB en un plazo de cinco años.

Además, considera que el período de referencia para el cálculo de los derechos de pensión debería ampliarse, “probablemente hasta al menos 40 años”, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. “De lo contrario”, advierte, “si los déficits de pensiones continúan cubriéndose con los ingresos generales, el mantenimiento de los beneficios de las pensiones se producirá a expensas de otras prioridades y en detrimento de la generación más joven, ya desfavorecida”.

En paralelo, el documento aconseja seguir las recomendaciones de gasto de la Airef, lo que ayudaría a ahorrar otros 2.000 millones en gasto. Estos 3.500 millones que se generarían por seguir estas dos recomendaciones se deberían destinar, según el documento, a aumentar la vivienda social en alquiler y las ayudas a familias vulnerables (1.000 millones a cada partida), así como a aumentar el gasto en educación (1.500 millones).

SMI LIGADO A LA PRODUCTIVIDAD

Por último, pide esfuerzos “vigorosos” para incrementar la productividad, que desde 2010 solo ha crecido un 0,6% anual, frente al 0,8% promediado en la eurozona y el 0,9% en la OCDE, lo que pone en peligro la capacidad del país para “lograr un mayor progreso económico y social, financiar las políticas necesarias y ayudar a reconstruir el margen fiscal”.

En este contexto, pide que las futuras subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) estén “alineadas” con la evolución de la productividad, en vez de perseguir un “objetivo predefinido”, en este caso el 60% del salario medio. Asimismo, insta al Gobierno a que la comisión de expertos conformada por el Ministerio de Trabajo esté conformada por perfiles “independientes” y tenga acceso a datos de calidad.

Para finalizar, la OCDE constata que muchos estudios señalan que el incremento del SMI de los últimos años incrementó las probabilidades de ser despedido o tener más dificultades para encontrar empleo, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres. Paradójicamente, el documento concluye que estos dos colectivos fueron los más beneficiados por estos incrementos retributivos, ya que cerraron en mayor medida sus brechas salariales.