"Desde la OCU, nos oponemos a las pretensiones de los huelguistas; un gasóleo más barato es algo discriminatorio, y establecer unos precios mínimos en el transporte va en contra de las leyes y de la lógica del mercado", afirma la organización en un comunicado.

La OCU afirma que, si la huelga se recrudece, "dará lugar a auténticos problemas" por falta de suministros, desabastecimientos en supermercados o gasolineras, entre otros servicios.

"Una vez más, asistimos a un caso en que el ejercicio del derecho a la huelga pasa de ser una medida de presión para convertirse en un chantaje y, una vez más, son los consumidores quienes llevan la peor parte", sentencia la organización.

Además, exige al Gobierno que adopte soluciones para paliar las consecuencias de esta situación, estableciendo "las medidas necesarias para garantizar el suministro, y le pedimos que tenga presente que los consumidores no deben pagar las consecuencias de esta huelga".

Finalmente, la OCU recuerda que, a pesar de respetar el derecho a la huelga, la propia Constitución, en el mismo artículo en que reconoce este derecho (art. 37), establece limitaciones, al indicar que deben establecerse las garantías necesarias para asegurar que se mantengan lo servicios esenciales para la comunidad.