Así lo valoró en un comunicado en el que precisó que se congratuló de que el juez Calama “estime” que, tras la fase de investigación, concurren “indicios racionales” de que los hechos pueden ser constitutivos de delito.

En concreto, subrayó que el magistrado ha propuesto la continuación del procedimiento por los delitos de falsedad de las cuentas anuales y otros estados financieros, así como por el delito de estafa de inversores en la ampliación de capital de 2016, contra el expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, y otras 12 personas físicas, así como la entidad PriceWaterhouseCoopers, S.L (PwC), por haber auditado las cuentas de Banco Popular “sin haber reflejado en sus informes de auditoría salvedad alguna”.

Tras puntualizar que, “por el momento”, se mantiene en la causa como “única acusación popular”, la organización dijo “lamentar” que se haya dejado para una fase posterior del proceso la decisión sobre la posible responsabilidad civil subsidiaria del Banco Santander, “última esperanza”, a su juicio, de que los inversores “estafados” tengan la posibilidad de “recuperar algo de su inversión”.