"Esta medida, aunque facilita el acceso a una parte pequeña de los demandantes de una vivienda, no incide en el precio de la vivienda que sigue creciendo y haciendo imposible el acceso a una vivienda para muchos consumidores", asegura la organización, que advierte de que "uno de los problemas de acceso a la vivienda en propiedad es la dificultad que tienen algunos hogares que cuenta con ingresos, pero no alcanzan a tener el ahorro suficiente para poder cubrir el coste de la compra que no cubre la hipoteca".

Recuerda que el límite común a los préstamos hipotecarios para vivienda está en el 80% del valor de la vivienda, por lo que el comprador debe hacer frente al 20% restante más los impuestos y gastos que pueden suponer otro 10-15%, según la comunidad autónoma (que fija el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a las viviendas usadas), el posible pago de comisiones de agencia, etc. Por otra parte, esa falta de ahorro previo también es debida a que el precio de los alquileres en grandes ciudades no permite a los hogares que alquilan generar un capital que puedan ir ahorrando para el momento de la compra.

Por ello, cree que "serán pocos los jóvenes que puedan acogerse" a esta medida, especialmente los que residen en grandes ciudades "donde la subida de precios de la vivienda hace imposible para muchos la compra de vivienda". Además, "el tope de ingresos de 37.800 euros brutos ampliable en caso de hijos y el límite de patrimonio avalado de 100.000 euros hacen que en las condiciones actuales de mercado haya poco compradores y una oferta suficiente para que la medida sea efectiva y tenga incidencia en el mercado".

La OCU pide a las administraciones competentes un "plan ambicioso y realista de ampliación de la oferta de vivienda asequible", que pasa por la aprobación de un presupuesto suficiente para la construcción de miles de viviendas de protección pública en alquiler, de promoción pública y privada; por facilitar la disponibilidad de suelo edificable, eliminando burocracia y apoyando a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la gestión eficaz de sus planes de ordenación el territorio; y por promover la ampliación del parque público de vivienda, también mediante ayudas a la reforma y rehabilitación de viviendas existentes que sean aportadas a bolsas de alquiler público.

También, concluye la OCU, por recuperar la seguridad jurídica de los arrendadores, otorgando medios a la Justicia para una resolución justa y rápida de los conflictos, que permita garantizar los derechos de ambas partes y recuperar en plazo razonable la vivienda alquilada en caso de impago; y por dotar de medios suficientes a los Servicios Sociales para que puedan atender a todos los casos de necesidad real de vivienda, de manera que el Estado haga frente a su obligación constitucional de garantizar una vivienda digna para todos".