Así lo precisó este jueves la organización de consumidores en un comunicado en el que indicó que todas “comparten varias irregularidades” y que la primera sería falta de información precontractual básica, ya que, según la OCU, no se facilitan datos esenciales, como el precio del curso, las condiciones de contratación o el derecho de desistimiento sin facilitar antes los datos personales. “Es más, a veces es preciso pagar previamente la matrícula para poder ver el contrato”, criticó.

Además, mencionó el “recorte” del derecho de desistimiento, que permite cancelar el contrato en un plazo de 14 días. Por ejemplo, negando la devolución de lo ya pagado en concepto de matrícula o avisando de la renuncia a este derecho desde que se entra por primera vez en el aula virtual o se tienen las claves de acceso, según la organización.

Junto a ello, hizo hincapié en cláusulas “abusivas” como las que fijan una penalización “desproporcionada” respecto al daño causado, como la obligación del pago íntegro del curso en caso de baja, aún cuando existan causas justificadas o como el derecho a la expulsión del alumno sin previo aviso ni reembolso de lo pagado.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

En el caso de la publicidad engañosa, se usarían términos ambiguos como “título oficial propio” u “homologado” que “suele ocultar que lo que se expide no es un título oficial”. “Un aspecto para tener en cuenta, ya que no faculta a cursar luego estudios superiores, acceder a oposiciones o a bolsas de trabajo públicas”, advirtió.

Por lo que se refiere a falta de transparencia sobre las condiciones de financiación del curso, en el caso que se necesite pedir un préstamo para pagar la formación, no es posible encontrar en la web información clara sobre el tipo de interés aplicable, la TAE, el coste total del crédito o la identidad del financiador, según la OCU.

En último lugar, mencionó “unas prácticas no tan seguras como se anuncian”, ya que, “aun cuando se vendan como “prácticas garantizadas” en realidad no siempre lo están”. “Unas veces porque hay que superar un proceso selectivo impuesto por las empresas de destino, y otras porque hay que cumplir requisitos formativos adicionales”, resolvió.

Por todo ello, OCU ha solicitado a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo que inicie un proceso de inspección para determinar la existencia de infracciones.

Además, pide que, en caso de confirmarse, se impongan sanciones a las empresas, se obligue al cese de estas prácticas y se garantice a los consumidores el derecho a recuperar las cantidades indebidamente cobradas.