Así lo anunció este miércoles la asociación en un comunicado en el que precisó que, en el marco de un estudio reciente sobre prácticas del sector inmobiliario, “detectó” que las dos inmobiliarias ubicadas en Madrid “están exigiendo a los inquilinos el pago de aproximadamente una mensualidad de renta más el 21% de IVA, a veces bajo denominaciones como tasa de servicio”.

“En cumplimiento del principio de transparencia y buena fe, OCU contactó previamente con ambas empresas para solicitar aclaraciones. Madridem no ofreció ninguna respuesta, mientras que CH Royal fue incapaz de explicar qué servicios incluía la denominada tasa de servicio ni de acreditar su carácter opcional, confirmando el carácter obligatorio del cobro”, abundó.

A su juicio, estas actuaciones “no sólo contravienen la Ley de Arrendamientos Urbanos, también la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, que, recordó, tipifica como infracción cualquier conducta que cause un perjuicio económico o limite los derechos básicos de los consumidores.

Por todo ello, OCU solicita a la Administración madrileña la apertura de un procedimiento de inspección, la imposición de las sanciones correspondientes y el cese “inmediato” del cobro de cualquier comisión o tasa que la ley obliga a asumir al arrendador.

ALQUILER SEGURO

Por otro lado y en el mismo estudio sobre los servicios de alquiler que ofrecen las agencias inmobiliarias, OCU vuelve a observar que Alquiler Seguro exige al arrendatario contratar un seguro de hogar por unos 133 euros anuales, más el servicio de atención al inquilino, con un precio inicial de 1.197,90 euros y una cuota anual de 24,20 euros.

“Se trata de una práctica igualmente irregular ya denunciada y pendiente de un expediente sancionador abierto por el Ministerio de Consumo”, añadió, al tiempo que indicó que, “lamentablemente, estos abusos siguen siendo demasiado habituales”.

Por último, OCU advierte a los arrendadores de que, aunque todas las agencias afirman realizar estudios de solvencia de los posibles inquilinos, “en muchos casos se limitan a revisar documentación básica sin contrastarla con información crediticia más completa”.

En este contexto, recomienda siempre confirmar en qué consiste exactamente dicho informe “para evitar falsas expectativas”. “Es más, si se quiere evitar la incertidumbre del cobro, no está de más contratar un seguro de impagos con amplias coberturas y la garantía de que no haya que esperar al juicio para cobrar los atrasos”, sentenció.