Esta organización ha hecho un estudio en 20 ciudades españolas para analizar los impuestos que cobran sus ayuntamientos.

En concreto, las ciudades estudiadas fueron Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Gijón, Granada, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona , Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

De las conclusiones de este informe se desprende que la mayoría de estos municipios han elevado la presión fiscal de sus vecinos, sobre todo en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En muchos de ellos, la subida del IBI ha superado con creces la inflación soportada en los cuatro últimos ejercicios fiscales y se hace más patente en aquellas ciudades donde se ha revisado el valor catastral.

A juicio de la OCU, esto es un exceso, pues por mucho que haya subido el precio de la vivienda, en el IBI no tiene sentido una subida mayor que la inflación.

Además, según esta organización, todos los ayuntamientos deberían facilitar al ciudadano la domiciliación bancaria en cualquier entidad de los recibos del IBI y del Impuesto de Circulación (IVTM). Sin embargo, ahora esto sólo es posible en las entidades bancarias con que el ayuntamiento ha suscrito un acuerdo.