Así lo precisó este lunes la asociación en un comunicado en el que puntualizó que dicha denuncia se produce a raíz de las más de 400 consultas recibidas en lo que va de año en su plataforma Reclamar y en el marco del Proyecto ‘Riesgos de los consejos financieros para jóvenes en Redes Sociales e Internet', subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En este contexto, destacó que Tradeando, el nombre comercial de Retsinnal Group SLU, con domicilio social en Andorra, “incurre en al menos cinco posibles irregularidades”, la primera de las cuales sería prácticas engañosas, ya que, según la organización de consumidores, “prometen rápidos ingresos, de unos 2.000 euros, mediante una formación online y un servicio de consultoría. Pero, según señalan los afectados, la formación es con vídeos no actualizados y sin el apoyo de un equipo profesional, más allá de la opción de crear “tickets” de consulta, obteniendo respuestas ambiguas”.

Junto a ello, denunció falta de información, ya que, según sus pesquisas, “no se indica la información obligatoria en cualquier prestación de servicios”, esto es nombre o denominación social, domicilio o, en su defecto, la dirección de una de sus sedes en España, email y cualquier dato que permita una comunicación “directa y efectiva”, además de su inscripción en el Registro Mercantil.

A su vez, alegó falta de transparencia, ya que, según las reclamaciones recibidas, se informa a los usuarios de un pago único, que, dependiendo del curso, varía entre 169 euros, 180 euros o 185 euros, “cuando en realidad son cuotas mensuales” y, según la organización, "es más, se trata de la contratación de un crédito al consumo con un coste total de alrededor de 2.000 euros”.

En paralelo, advirtió de la presencia de patrones oscuros, ya que se urge a los usuarios a apuntarse “cuanto antes” con expresiones del tipo “tienes que decidir hoy”, “esta plaza se pierde” o “hay muy pocas plazas”.

Por último, criticó el incumplimiento del derecho de desistimiento, dado que “muchos” afectados afirman “haber intentado desistir sin éxito de la contratación dentro del plazo de 14 días hábiles que fija la normativa”. “La empresa aduce que no ha lugar porque se trata de un “contenido digital” o porque está domiciliada en Andorra, no en España”, deslizó.

Por todo ello, la OCU aprovechó para recordar a los consumidores que pueden emplear su plataforma Reclamar para dirigir sus quejas directamente a las compañías con las que haya tenido algún problema.

“En última instancia, esta plataforma tiene como objetivo también identificar prácticas abusivas y contrarias a derecho y, en su caso, denunciarlas a las autoridades correspondientes”, resolvió.