“La protección efectiva exige aplicar con rigor las normas existentes, rediseñar las plataformas digitales y situar el interés superior del menor en el centro de la economía digital”, reivindicaron en un comunicado en el que señalaron que “el problema no es la ausencia de normas, sino su aplicación insuficiente”.

En este sentido, puntualizaron que la Unión Europea “ya dispone de un marco legal sólido para proteger a los menores”, como el Reglamento de Servicios Digitales, la Ley de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Sin una ejecución coherente y coordinada de los Estados, los riesgos para la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños persisten. Elevar los límites de edad, por sí solo, no resolverá los problemas actuales”, abundaron.

A este respecto, indicaron que la “clave” está en “aplicar con rigor” la normativa existente para ofrecer servicios “adecuados” a la edad, diseñados “de forma respetuosa con los derechos de los menores”, así como en “garantizar mecanismos de control eficaces”.

OCU, Euroconsumers y Eurochild también subrayan la importancia de facilitar el acceso de especialistas e investigadores independientes a los datos de las plataformas digitales.

ESCRUTINIO RIGUROSO

“Esta apertura permitiría un escrutinio científico riguroso, imprescindible para recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia políticas públicas basadas en evidencias, con pleno respeto a la legalidad y la protección de datos”, aseveraron.

El “principal problema”, a su juicio, sigue siendo los diseños digitales que “priorizan” la captación de la atención. El principio de “seguridad en el diseño” debe ser la opción legal “por defecto” en todos los servicios accesibles a menores, con configuraciones de privacidad “estrictas”, filtros de contenido “adecuados” y la “desactivación” de prácticas “manipulativas” como el desplazamiento infinito, la reproducción automática o las notificaciones algorítmicas dirigidas a niños. Para estas organizaciones, otra “apuesta clave” es “empoderar” a los menores.

RECOMENDACIONES

“Las recomendaciones deben basarse en sus preferencias explícitas y no en algoritmos opacos que maximizan el tiempo de pantalla. Del mismo modo resulta imprescindible prohibir la publicidad comportamental dirigida a niños”, prosiguieron.

En la misma línea abogaron por introducir la llamada “fricción positiva”: los avisos antes de compartir contenidos o los límites a la redistribución, lo que puede ayudar a los menores a gestionar mejor su tiempo y su comportamiento online.

“A ello se suma la necesidad de activar canales de denuncia y apoyo claros, accesibles y adaptados a la infancia, con respuestas rápidas y transparentes por parte de las plataformas”, sentenciaron. En definitiva, OCU, Euroconsumers y Eurochild recuerdan que la verificación de edad debe entenderse “como una herramienta más, nunca como una solución única”.

“Debe ser proporcionada, respetuosa con la privacidad y no discriminatoria. Además, el entorno digital ha de adaptarse a las distintas etapas de desarrollo: los más pequeños requieren mayores salvaguardas, mientras que los adolescentes deben contar con más autonomía”, resolvieron.

Por último, advirtieron de que escuchar a los niños y colaborar entre asociaciones e instituciones a nivel europeo “es clave para un entorno digital más justo y seguro”.