Así lo precisó la organización en un comunicado emitido a una semana de la revisión del Reglamento sobre Derechos de los Pasajeros Aéreos y de la Directiva de Viajes Combinados.

En concreto, sus “principales reivindicaciones” son, en primer lugar, mantener el umbral actual de tres horas de retraso en la llegada para tener derecho a una compensación, equiparándolo con una cancelación del vuelo.

“Las aerolíneas pretenden aumentar este plazo, lo que en este caso únicamente beneficiaría al causante del daño”, denunció.

En paralelo, ambas entidades exigen facilitar mecanismos “automáticos y simplificados” para las reclamaciones, con formularios prerellenados, plazos máximos de pago de 14 días y pago de intereses en caso contrario. “Actualmente apenas el 38% de los pasajeros con derecho a compensación logran obtenerla”, criticó.

En paralelo, abogaron por definir “con precisión” lo que se consideran circunstancias extraordinarias limitándolas a aquellas que “escapan a la previsión de la compañía y no son inherentes a su servicio”, al entender que “anulan posibles compensaciones”, y por exigir que se informe del motivo en 48 horas.

Junto a ello, instaron a reconocer el derecho a llevar equipaje de mano gratuito con unas dimensiones estándar y obligatorias para todas las compañías.

También quieren garantizar la asistencia gratuita en cualquier circunstancia, entendida como información, alimentación y alojamiento gratuito para los pasajeros afectados por el retraso o cancelación de un vuelo, sea la distancia que sea y con independencia del tiempo que dure.

Sobre la Directiva de Viajes Combinados las reivindicaciones son, en primera instancia, mantener y “aclarar aún más” los términos de la Directiva, al considerar que los pasajeros deben conocer que la contratación de un paquete vacacional “le asegura una mayor protección de sus derechos”.

Asimismo, urgen a admitir el derecho al reembolso completo del viaje en caso de alerta pública de seguridad emitida por las autoridades, que deberá se comunicada a los pasajeros en forma de advertencia de viaje.

Por último, pretenden obligar a las aerolíneas a informar a los viajeros sobre cambios en los requisitos de entrada o formalidades administrativas que se hayan aprobado tras la firma del contrato y antes del inicio del viaje.