Así lo anunció la OCU este lunes en un comunicado en el que recordó que, durante más de dos décadas, Renfe mantuvo un compromiso comercial que devolvía el 50% del precio del billete por retrasos de 15 minutos y el 100% por retrasos de 30 minutos, situando a España “entre los países con mayor protección para los viajeros ferroviarios”.

“Sin embargo, este estándar fue rebajado en 2024 con la entrada de nuevos operadores, sustituyéndolo por el sistema 50/90 minutos. La Ley 9/2025 corrigió expresamente ese retroceso y ordenó recuperar el régimen histórico a partir de 2026”, apostilló.

A pesar de ello, OCU denuncia que el Ministerio de Transportes se “excusa” en el desarrollo reglamentario, “no necesario”, para exigir su cumplimiento, lo que, a su juicio, “está impidiendo que miles de usuarios reciban las compensaciones que la ley ya reconoce”.

“Renfe, por su parte, continúa aplicando el sistema 50/90 minutos y tanto Renfe como Iryo han anunciado la suspensión temporal de sus compromisos voluntarios de puntualidad, lo que reduce aún más la protección al consumidor”, prosiguió.

SUSPENSIÓN DE COMPROMISO

En paralelo, señaló que, además, esta compañía, junto a Iryo, ha anunciado que con motivo de las reducciones de velocidad aplicadas por ADIF en determinados tramos, suspende sus compromisos de puntualidad, “negando incluso las indemnizaciones establecidas en el Reglamento Europeo”.

OCU considera que esta situación supone un “incumplimiento evidente” de una obligación legal y un “serio perjuicio” para los viajeros, “especialmente en un contexto marcado por el aumento de retrasos y cancelaciones derivado de los recientes incidentes en la red ferroviaria”.

La organización recuerda que la falta de desarrollo reglamentario “no paraliza la eficacia de una ley” y que el derecho a las indemnizaciones 15/30 min “es plenamente exigible desde el 1 de enero de 2026”.

En la carta dirigida a Puente, OCU solicita la publicación “inmediata” del desarrollo reglamentario, un calendario público de ejecución, transparente y verificable e instrucciones claras a Renfe para garantizar el cumplimiento del mandato legal.

En la misma línea, indicó que el Ejecutivo “no puede desoír un mandato legal tan claro”. “Cada día que pasa, miles de viajeros están perdiendo un derecho reconocido por ley y es imprescindible actuar ya”, advirtió, al tiempo que avanzó que continuará “vigilando” la situación y no descarta “intensificar” su actividad institucional “si persiste la inactividad del Gobierno”.