Así lo precisó la organización en un comunicado en el que recordó que, desde el pasado 28 de enero, Iberia ha introducido un nuevo suplemento para equipajes “con forma irregular” argumentando que pueden interferir en los sistemas automáticos de gestión y facturación de maletas en los aeropuertos.

“Sería el caso de las maletas de tela flexible, equipaje con forma ovalada, redonda o circular, bolsas de plástico blando o plastificado y embalajes de tipo doméstico o rudimentario”, agregó, al tiempo que indicó que estos bultos podrán ser rechazados por motivos operativos o de seguridad.

En el caso de que sean aceptados se cobrará un recargo de 35 euros en vuelos nacionales, 60 euros en rutas a Canarias, Europa, Norte de África y Oriente Medio y 125 euros en vuelos a América y Asia, cantidades que se incrementarán en vuelos con conexión.

La OCU hizo hincapié en que ya existen suplementos para equipajes que superaban las medidas estándar o requieren una manipulación especial —como esquís, tablas deportivas o bicicletas—, por lo que considera “abusivo y arbitrario” su aplicación a bultos comunes “por el mero hecho de tener una forma diferente a la habitual”.

CONFUSIÓN

“En la práctica, la aplicación por parte de Iberia de un nuevo recargo que no aplican otras aerolíneas puede generar confusión entre los viajeros y dificulta la comparación de precios de manera efectiva”, apostilló.

En este sentido, OCU subrayó que el transporte aéreo es un servicio esencial para millones de consumidores y que la “creciente fragmentación” de tarifas, añadidos y suplementos está derivando en una carga económica “desproporcionada e injustificada”.

OCU ve necesario que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 determine si la definición de “equipaje con forma irregular” se ajusta a la normativa vigente y si el suplemento cumple con los principios de proporcionalidad y lealtad comercial.

La organización advierte de que la introducción de recargos que no responden a costes reales o necesidades operativas verificables puede constituir una práctica abusiva contraria a la legislación de defensa de los consumidores y, por ello, insta a la Administración a intervenir “cuanto antes”.