Así lo demandó en un comunicado en el que expuso las principales peticiones que ha traslado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones con el fin de “mejorar la protección de los derechos de los consumidores” en materia de salud, alimentación, vivienda, energía, servicios financieros, movilidad, consumo sostenible, digitalización y protección de los consumidores vulnerables.

Por lo que respecta a la primera de las normas, recordó que su aprobación se vio “frustrada” a pesar de ser “uno de los proyectos de ley que más consenso consiguió durante su tramitación parlamentaria”.

Tras señalar que se trata de una de sus “reivindicaciones históricas”, la entidad instó a todos los partidos que concurren a las elecciones a que se “comprometan” a tramitar esta ley “tal y como salió del Congreso de los Diputados y, de esta forma, conseguir una mejora en la atención al cliente que reciben los consumidores por parte de las empresas”.

En cuanto al Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, pidió el mismo “compromiso público” a las formaciones para tramitar una ley que “asegure”, entre otras cosas, el “carácter vinculante” de las resoluciones de la autoridad financiera y que se cree un mecanismo “eficaz” de defensa de los consumidores ante los “abusos constantes” que, a su juicio, “sufren los consumidores por parte de las entidades financieras”, que son, recordó, las que “mayor número de consultas y reclamaciones acumulan”.

OTRAS DEMANDAS

Entre otras demandas, también abogó por promover una “mejor atención de la salud mental” mediante el aumento del número de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud y por fomentar programas de mejora de la alimentación en la población general, que, a su entender, pasan por “fortalecer” políticas de seguridad alimentaria, mejorar la composición de los alimentos y la calidad nutricional a través de un sistema de información frontal basado en Nutriscore y aprobar “cuanto antes” la normativa sobre publicidad de alimentos dirigida al público infantil.

En materia de vivienda, urgió a la creación de un parque público de vivienda en alquiler que permita acceder a una casa a colectivos a los que, en la actualidad, “les resulta imposible”, así como a aprobar ayudas públicas "puntuales" a hogares "afectados" por la "escalada" del Euribor con "necesidades económicas agravadas" por el incremento de las cuotas en las hipotecas a tipo variable, además de una normativa que permita facilitar los acuerdos con entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o la concesión de moratorias.

Junto a ello, solicitó medidas de protección del consumidor en el ámbito de los criptoactivos y para garantizar el acceso a servicios bancarios y evitar la exclusión financiera, con servicios físicos “esenciales” como el acceso al dinero en efectivo y que tengan la consideración de 'Servicio Universal' por parte de la administración.

En el ámbito de la energía instó a aumentar la “transparencia” en el mercado y a promover “reformas” en la fijación del precio de la energía y la fiscalidad que “garanticen que los consumidores pagan por la energía el precio que realmente cuesta producirla” así como al “impulso definitivo” a la descarbonización de la movilidad y a la promoción de un etiquetado de sostenibilidad “fiable, claro y útil para el consumidor”.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de implementar desarrollos normativos “adicionales” al Real Decreto sobre el Consumidor Vulnerable que “hagan realidad la protección reforzada del consumidor vulnerable en sus diferentes dimensiones”.

Para “facilitar” la identificación y el acceso a las ayudas, demandó la creación de un registro de consumidores vulnerables que permita a administraciones y empresas “identificar” a estos consumidores para acceder a las ayudas y beneficios a los que tienen derecho.