En un comunicado, la OCU afirma que casos como los de Opening, Oxford, Brighton o Aula Magna ponen de manifiesto la "inaplazable" tarea de abordar la "grave situación de indefensión" en la que se encuentran los consumidores por la "ambigüedad" de la normativa actual.

La OCU, consciente de la urgencia de conseguir un marco jurídico más seguro para los consumidores que contratan un servicio por medio del pago aplaado, considera necesario que se produzcan cuanto antes las modificaciones legales tantas veces prometidas.

La organización que dirige José María Múgica advierte de la ambigüedad existente en el proyecto de Directiva Europea sobre Créditos al Consumo en la regulación de la vinculación entre el contrato de prestación de servicios y el crédito para su financiación.

Por todo ello, se ha dirigido a la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, y a los partidos políticos para que tomen las medidas necearias para modificar ese proyecto de directiva para establecer, "con absoluta claridad", la relación entre el servicio y el crédito.