Consumo

OCU urge a la aplicación a los influencers de la Ley General de Comunicación Audiovisual

-Cree que los menores influencers deben gozar de "especial protección"

MADRID
SERVIMEDIA

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) urgió este miércoles a la aplicación a los influencers de la Ley General de Comunicación Audiovisual y defendió que los menores influencers "tienen que contar con una especial protección".

Así lo reclamó en un comunicado en el que precisó que la “práctica totalidad” de los influencers hacen publicidad y cobran por ello, si bien “apenas 10 de los 40 más populares en nuestro país lo advierten claramente”, según revela un informe del Ministerio de Consumo.

“El resto, en lugar de las etiquetas de “publicidad pagada” que proporcionan las plataformas de redes sociales desde las que trabajan, emplean términos confusos como “ad”, “publi” o, simplemente, un agradecimiento genérico a la marca asociada”, criticó.

En este sentido, denunció que la publicidad encubierta “es publicidad engañosa y puede convertirse en dañina, sobre todo cuando va dirigida a los menores de edad, los principales seguidores de muchos de estos influencers” y que conforman un grupo de población “tan vulnerable a las opiniones ajenas, especialmente cuando provienen de personas con miles de seguidores en las redes sociales”.

Tras recordar que el Gobierno está en trámite de aprobar una norma por la que se regulan los requisitos a efectos de ser considerado usuario de especial relevancia según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, la asociación estimó que es “una normativa mucho más exigente con los influencers, ya que define de una vez por todas su actividad publicitaria”.

URGE LA APROBACIÓN DE LA NORMA

OCU urge su aprobación y “celebra la mayor parte del desarrollo normativo”, salvo la que “limita” su aplicación a aquellos sujetos con un gran número de seguidores (dos millones) y de ingresos económicos superiores a 500.000 euros.

A este respecto, considera que hay influencers con una “incidencia relativamente limitada”, que, “sin embargo, se dirigen a grupos de población especialmente vulnerables como son los menores”. “Del mismo modo, hay influencers que no destacan por sus ingresos publicitarios pero que reciben otro tipo de generosas contraprestaciones, como descuentos, contratos de asociación, productos gratuitos o viajes”, alertó.

Además, OCU exige la inscripción de los influencers en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, “independientemente de sus ingresos y el número de seguidores, para que puedan ser fácilmente identificados”.

Junto a ello, pide el desarrollo de una formación “específica y acreditada” facilitada por la administración pública o por organismos acreditados que se incorpore a dicho registro.

MÁS PETICIONES

“En línea” con el artículo 122 de la LGCA que prohíbe la comunicación comercial encubierta, demanda “que exista la carga de la prueba por la cual sean los propios influencers quienes prueben que no existe colaboración comercia”.

La responsabilidad solidaria de las marcas que publicitan los influencers, de modo que contribuyan a garantizar que el usuario está “informado de que se trata de un anuncio” es otra de sus peticiones, al igual que la obligación del influencer de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional que “cubra la reparación efectiva de los posibles daños causados a sus seguidores”.

En paralelo, aboga por implementar “restricciones” en la promoción de productos y servicios que “afecten a intereses públicos en materia de salud y seguridad” o cuyos contenidos “vulneren la dignidad humana o fomenten la discriminación”.

A su vez, apuesta por la “supervisión del cumplimiento de las normas” por parte de estos profesionales, sometiéndose a auditorías e informes anuales sobre su actividad y “las medidas de protección a la audiencia infantil, juvenil y al consumidor vulnerable”.

“Los influencers de fuera de la Unión Europea que ejerzan su influencia en algún país miembro deben cumplir la normativa de dicho Estado y tener un representante en ese territorio y los influencers virtuales creados por una Inteligencia Artificial deben estar claramente identificados como tales y tendrán las mismas obligaciones que las personas físicas”, abundó.

Por lo que se refiere a menores influencers, estimó que tienen que contar con una “especial protección, dada su pérdida de intimidad”. “Además, los padres serán responsables de los daños causados por los contenidos publicados por sus hijos”, sentenció, convencida de que también debe existir un régimen sancionador que incluya una regulación penal relativa a “alegaciones falsas y cuando afecte gravemente a menores y otros consumidores vulnerables”.

(SERVIMEDIA)
24 Abr 2024
MJR/gja