Así lo exigió en un comunicado en el que explicó que esta decisión llega más de tres años después de que las estaciones de servicio independientes denunciaran prácticas contrarias a la competencia por parte de las principales compañías del sector, un caso que OCU hizo público en 2022.

“Según la CNMC, entre abril y diciembre de ese año Repsol habría abusado de su posición dominante en el mercado mayorista, incrementando los precios a los que vendía combustibles a las gasolineras independientes —muchas de ellas de bajo coste— mientras desarrollaba campañas con fuertes descuentos en sus propias estaciones de servicio dirigidas a clientes profesionales y transportistas”, criticó.

Para la organización, este “doble movimiento elevaba los precios a los que las independientes podían operar, mientras hacía más atractiva la oferta de Repsol para los grandes consumidores, restringiendo así la competencia”.

En este contexto, recordó que ya en 2022 advirtió “comportamientos anómalos” por parte de las grandes compañías y que, en un análisis publicado entonces, señaló que las principales petroleras españolas mantenían sus precios unos cinco céntimos por encima de la media europea respecto a su situación previa a la implantación del descuento estatal de 20 céntimos por litro como consecuencia de la subida de precios con motivo de la guerra de Ucrania.

INEFICIENCIAS ESTRUCTURALES

“Aunque la sanción impuesta a Repsol no tiene efectos directos inmediatos sobre los consumidores —al tratarse de una multa y una limitación temporal de acceso a concursos públicos—, sí evidencia que persisten ineficiencias estructurales en un sector donde la regulación antioligopolio permitiría que las tres compañías con refinerías en España pudieran, legalmente, llegar a concentrar hasta el 90% de las estaciones de servicio del país, y donde Repsol alcanza o roza el límite máximo permitido en muchas provincias”, sentenció.

Por último, indicó que un nivel de concentración “excesivo” puede “dificultar” la competencia “efectiva” y “eleva el nivel medio de precios, algo que se ha comprobado en zonas de alto tránsito como autopistas y autovías, con poca presencia de gasolineras low-cost en su recorrido”.

En este contexto, urgió al Gobierno y a la CNMC a actuar “con contundencia y determinación” para “prevenir futuras distorsiones” del mercado.

En concreto, solicita mayor transparencia en la formación de los precios de los carburantes, tanto en el ámbito mayorista como minorista; un refuerzo “estable y proactivo” de la vigilancia por parte de las autoridades, especialmente en contextos de crisis o gran volatilidad de precios; sanciones “más elevadas y disuasorias ante prácticas que constituyan abusos de posición dominante” y políticas que fomenten la competencia real, facilitando la entrada y consolidación de pequeñas y medianas compañías, especialmente en áreas donde la oferta es muy limitada.