Así lo lamentó este viernes en un comunicado en el que precisó que la sostenibilidad “no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados”, convencida de que el precio es el “principal obstáculo para que la movilidad eléctrica sea una opción viable”.

“Lamentablemente el Plan Auto+ no termina de afrontar este hecho, porque el importe máximo de las nuevas ayudas a la compra se ha reducido de 7.000 a 4.500 euros, al eliminarse la oferta por el achatarramiento de un vehículo antiguo”, apostilló, al tiempo que indicó que esa oferta no solo contribuía a sacar del mercado a los vehículos más contaminantes, sino también a “reducir la edad media del parque móvil en España”, una de las “más altas” de la Unión Europea y un “factor de siniestralidad”.

Tras puntualizar que, además, la ayuda adicional de 1.000 euros del concesionario “ya era habitual en muchas marcas”, la OCU también criticó que, a causa de la eliminación de las ayudas a la instalación de cargadores domésticos hay “dificultad” de acceso a unas tarifas eléctricas “económicas”, una “condición imprescindible para afrontar la compra de un coche eléctrico, especialmente para las familias con rentas bajas”. “Es más, la normativa sigue ignorando la situación de muchos hogares sin garaje y sin la posibilidad de tener una estación de carga”, agregó.

En este sentido, OCU echa en falta una estrategia nacional de recarga que “garantice un acceso real y equitativo” al vehículo eléctrico, “especialmente dirigido a quienes carecen de una estación de carga propia”.

ESTACIONES DE RECARGA

A este respecto, señaló que, en la actualidad, la “mayoría” de las estaciones de carga de las ciudades pertenecen a compañías privadas y comparten unas tarifas “bastante superiores” a las ofrecidas a los hogares. “Además, la red de recarga española sigue siendo pobre e irregular, incluso en los propios centros urbanos donde no es raro encontrar estaciones de recarga inoperativas”, prosiguió.

Por todo ello, OCU exige al Gobierno recuperar la ayuda por achatarramiento de un coche antiguo con motor de combustión, incrementando así el importe final de la ayuda y asegurando la renovación del parque automovilístico español, además de volver a activar las ayudas a la instalación de cargadores domésticos, “especialmente dirigidas a los hogares con rentas bajas”.

En paralelo, abogó por desarrollar una estrategia nacional de recarga vinculante para todas las comunidades autónomas que impulse una red de cargadores públicos en las localidades y facilite la carga a los hogares sin plaza de aparcamiento.

Junto a ello, reclamó mejorar la información al consumidor, obligando a las marcas a publicar precios finales “reales” que integren ayudas y deducciones, así como vigilar las posibles prácticas de incremento de precios en modelos subvencionables, mediante controles periódicos del mercado.

Por último, solicitó aumentar los 400 millones de euros previstos para el Plan Auto+, que, a su entender, son “claramente insuficientes y se agotarán en unos meses si se mantiene el porcentaje de vehículos enchufables vendidos hasta la fecha”.