La ODS considera que tanto el Consejo de Estado como el Ministerio de Defensa "han denegado las reiteradas solicitudes de audiencia formuladas por esta organización, bajo el amparo constitucional de escuchar a los interlocutores sociales válidos en cada materia que se regula".

Los contenidos de este nuevo Reglamento "continúan con el recorte drástico de los escasos beneficios sociales contenidos en la anterior regulación, iniciado con aprobacón de la Ley del Servicio Militar", considera la ODS.

"Este retroceso supone en la actual situación del servicio militar un paso más en la política de empecinamiento desarrollada por el Ministerio de Defensa", explica la ODS.

Esta oficina está realizando estudios de la nueva normativa, para poner de manifiesto "dichos retrocesos, advertir sus consecuencias sobre la vida y la salud de los 200.000 jóvenes que cada año están obligados a realizar su prestación".