El documento alerta de la creciente normalización de esta práctica en distintas comunidades autónomas y señaló que permitir que funciones propias de especialista sean desempeñadas por profesionales sin la acreditación oficial correspondiente "afecta a la seguridad clínica, debilita el modelo de formación sanitaria especializada" y pone en cuestión "uno de los pilares del sistema sanitario público".

La OMC recordó que España "construyó durante décadas un modelo de excelencia en formación sanitaria especializada", el sistema MIR, reconocido dentro y fuera del país, que constituye "una garantía pública de calidad asistencial, equidad en el acceso a la profesión y confianza para la ciudadanía". A su juicio, rebajar los requisitos formativos para cubrir plazas asistenciales abre una grieta en los cimientos del SNS.

El informe, firmado por el jurista Ricardo De Lorenzo y Montero (conocido como 'el abogado de los médicos') evidencia que la contratación de médicos sin especialidad ya no es un recurso puntual y se ha convertido "en un fenómeno de alcance nacional, con mayor incidencia en territorios rurales o de difícil cobertura", aunque presente en mayor o menor medida en todas las comunidades autónomas. La OMC advirtió de que esta situación "distorsiona la supervisión de los médicos residentes, genera agravios comparativos entre profesionales y contribuye a la precarización del ejercicio médico".

Décadas de planificación insuficiente, el aumento de jubilaciones, el incremento de la demanda asistencial y las dificultades para cubrir plazas en determinadas zonas desembocaron en soluciones reactivas y a corto plazo, explicó esta organización médica, que insistió en que la urgencia "no puede comprometer la seguridad clínica ni los estándares formativos del sistema sanitario".

DEONTOLOGÍA Y PUBLICIDAD SANITARIA

"En la sanidad privada, el médico sin especialidad puede ejercer actos médicos generales, pero no puede atribuirse la condición de especialista ni inducir a error sobre su cualificación, siendo determinante la competencia real, la adecuada información al paciente y el respeto a las normas deontológicas y de publicidad sanitaria", reza el informe.

Por ello, la OMC reclamó una estrategia estatal coordinada que incluya un incremento planificado de plazas MIR conforme a las necesidades reales, mejoras en las condiciones laborales y retributivas, incentivos efectivos para zonas de difícil cobertura, procedimientos de homologación ágiles y garantistas y una planificación rigurosa a medio y largo plazo adaptada a cada comunidad autónoma.

Asimismo, consideró necesario derogar las habilitaciones excepcionales introducidas por el Real Decreto-ley 30/2021, aprobado en el contexto de la pandemia, al entender que "mantener esta vía para la cobertura estructural de plazas desdibuja los requisitos legales y resulta incompatible con el marco jurídico vigente".