Según recordó la OMC, todas las propuestas trasladadas al Ministerio de Sanidad responden a un objetivo prioritario: reforzar la protección del paciente, la calidad asistencial y la seguridad clínica.

Entre los aspectos que serán objeto de especial análisis figura la delimitación de las competencias en materia de prescripción, con el fin de garantizar un marco claro de responsabilidades que contribuya a la seguridad jurídica y a la protección de los pacientes.

La institución médica consideró que la norma debería centrarse en la regulación de medicamentos y productos sanitarios y reiteró que “la prescripción es un acto clínico inseparable del diagnóstico, la indicación terapéutica, el seguimiento y la responsabilidad asistencial del médico”.

Por este motivo, verificará si el texto definitivo diferencia con claridad las funciones de prescribir, indicar, dispensar o autorizar medicamentos, “evitando cualquier ambigüedad que pueda comprometer la seguridad clínica a los pacientes”, señalaron desde la OMC.

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Una vez concluido este análisis, la OMC dará a conocer su valoración y continuará contribuyendo, desde su función institucional, a la tramitación de una norma que refuerce las garantías asistenciales y la seguridad del paciente.

Esta posición es compartida por el Foro de la Profesión Médica, integrado además por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), la Confederación Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), quienes respaldaron las alegaciones presentadas.

De este modo, la defensa de un marco competencial claro, de la responsabilidad clínica y de la seguridad del paciente constituye una posición común de la profesión médica, aseguraron desde la OMC.