Según informó la OMC este viernes, este proyecto, en el que la organización trabaja desde hace años junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Justicia, se encuentra operativo con éxito en la Comunidad de Madrid y Cataluña, siendo necesario reforzar su uso en el resto de comunidades para eliminar asimetrías regionales.

Para la OMC, la generalización del CMDe es un objetivo prioritario dentro de su hoja de ruta de transformación digital. La organización destacó que, gracias a su capilaridad y capacidad de actuación conjunta con los colegios de médicos de cada provincia, la profesión está lista para liderar este despliegue.

Sin embargo, señalaron desde la organización, “se requiere un compromiso político coordinado para evitar una brecha digital en la gestión de un acto médico tan trascendental como es la certificación de la defunción”.

El Certificado sustituye al modelo tradicional en papel por un entorno digital blindado. El sistema acredita al instante la identidad y la colegiación del médico, al incorporar la firma electrónica, lo que aporta seguridad jurídica al profesional ante cualquier intento de intrusismo.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

En el ámbito estatal, la herramienta se consolida como un elemento clave en la lucha contra el fraude. La conexión directa y automatizada de los datos con el Ministerio de Interior y el INE agiliza la trazabilidad legal y administrativa, aportando rigor y transparencia.

Además, el Certificado permite el análisis de datos de mortalidad y causas de fallecimiento en tiempo real. Esta capacidad es estratégica para el diseño de políticas sanitarias basadas en la evidencia, así como para la planificación epidemiológica eficiente.

El registro digital elimina desplazamientos y gestiones burocráticas innecesarias para los ciudadanos, agilizando trámites urgentes y protegiendo a las familias en momentos de máxima sensibilidad y vulnerabilidad.

En opinión del presidente de la OMC, el doctor Tomás Cobo, “el Certificado Médico de Defunción electrónico no es una propuesta de futuro, sino un proyecto consolidado por la OMC desde hace años. No podemos permitir una sanidad a dos velocidades”. “Es urgente que las administraciones se impliquen para unificar un sistema que blinda legalmente al médico, protege a los ciudadanos y hace más eficiente el Sistema Nacional de Salud y al Estado”, añadió.