Así se recoge en el segundo informe global de situación publicado por el organismo, que analiza el impacto sanitario del conflicto en países de las regiones del Mediterráneo Oriental y Europa, así como las principales prioridades de respuesta internacional.

Según la OMS, los riesgos sanitarios se mantienen similares a los detectados en el informe anterior, con especial preocupación por las lesiones derivadas de la violencia, la falta de acceso a servicios sanitarios y el aumento de enfermedades infecciosas en contextos de desplazamiento forzoso. A ello se suman riesgos radiológicos, nucleares y químicos, así como impactos en la salud ambiental y en el acceso al agua potable.

El organismo subrayó además que el impacto económico del conflicto se está extendiendo más allá de la región afectada, lo que podría incrementar de forma indirecta los riesgos para la salud en otros territorios.

En cuanto a la respuesta internacional, la OMS continúa apoyando a los países afectados en la prestación de servicios sanitarios de emergencia, al tiempo que mantiene sus programas de desarrollo sanitario a través de sus oficinas nacionales, regionales y globales, en coordinación con otros socios.

Desde el pasado 18 de marzo, la OMS ha movilizado más de 60 toneladas de suministros médicos con el apoyo de la Unión Europea y otras entidades, destinados principalmente a Líbano y Gaza. Entre estas acciones, destaca el envío de un convoy humanitario de cuatro camiones con 22 toneladas de material médico para cirugía de emergencia, suficiente para atender a unos 50.000 pacientes, así como otro convoy con más de 22 toneladas de suministros con capacidad para asistir a unas 110.000 personas en Gaza.

Las primeras intervenciones operativas se centran en la salud ambiental y en los riesgos relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene, especialmente ante los efectos de incendios petroleros, lluvias contaminadas y daños a infraestructuras hidráulicas, como plantas desalinizadoras.

En este contexto, la OMS está reforzando la vigilancia sanitaria, la evaluación de riesgos y la comunicación pública para proteger las fuentes de agua potable y mitigar los efectos de la contaminación, al tiempo que insiste en la necesidad de mantener un seguimiento continuo de la situación.