En declaraciones a Servimedia, Miguel Cid mostró, no obstante, su satisfacción por el auto de Garzón que "aparta definitivamente a mi defendido de este feo asunto".

"Sáenz de Santamaría lleva imputado desde mayo del 96 con acusaciones graves referidas a asesinatos de varias personas, hechos que ha soportao estoicamente. Esto tenía que haberse realizado antes", puntualizó.

En este sentido, el abogado del general Sáenz de Santamaría presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite, en el que solicitaba el amparo contra "la reiterada prórroga del secreto de sumario" que mantenía Garzón.

El juez se vio obligado entonces, a instancias del ministerio fiscal, a repetir las declaraciones de este sumario, ante el temor de que todas las defensas alegaran indefensión de sus clentes, ya que, al mantener el secreto del procedimiento, los abogados no habían podido asistir a los interrogatorios.

"La admisión a trámite del recurso de amparo ante el TC que interpusimos contra la prórroga del secreto ha sido clave", insistió el letrado.

El "caso Oñaederra" juzga el asesinato de Ramón Oñaederra y otros dos ciudadanos españoles ocurridos en los años 1983 y 1984 en localidades del sur de Francia, y cuya autoría se imputa al GAL.

En su día, el ex director general de la Guaria Civil Luis Roldán y el ex miembro del Cesid, Juan Alberto Perote, implicaron a Sáenz de Santamaría en las actividades previas a la creación del GAL, hecho que ahora, tras declarar los primeros, no ha quedado probado.