En declaraciones a Servimedia, Arroyo subrayó que las dificultades que tienen las personas con discapacidad deben suplirse con medidas que garanticen su derechos esenciales. "No pueden ser simples servicios sociales de quita y pon", apuntó.

El máximo responsable de la ONCE incidió en la transvesalidad de todas las leyes. Subrayó que las personas discapacitadas no sólo tienen necesidades en el área de los servicios sociales, sino también en materias como educación, empleo o el acceso a las nuvas tecnologías.

En su opinión, sería muy positivo acortar al máximo posible los plazos previstos para la entrada en vigor de la nueva Ley de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los periodos establecidos para su adecuación y aplicación.

Finalmente, Arroyo hizo hincapié en la necesidad de exista un régimen sancionador para los casos en los que se incumpla la nueva ley. "Hay que evitar que se repita lo que ocurrió con la Ley de Integración Social del Minusválidos (vigente desde982). La ley está, pero si no se cumple no pasa nada", añadió.

"Aunque parezca evidente, en un Estado de derecho las leyes están para cumplirlas. En esta ocasión, parace que sí hay voluntad de establecer sanciones a quienes no respeten la nueva normativa", añadió.