Así lo expone su Informe de intervención del pasado año que la entidad presentó este miércoles, en el que también denunció que las mujeres en situación de prostitución, en su mayoría migrantes, enfrentan graves dificultades para acceder a derechos básicos debido a su situación administrativa.

El informe de In Género recoge que esta condición “condiciona el acceso a recursos sociales y sanitarios básicos” y genera barreras institucionales, trato desigual e incluso prácticas como interrogatorios invasivos.

En este contexto, la entidad explicó que casi la mitad de las usuarias tiene dificultades para acceder a derechos como la sanidad, la vivienda o los servicios sociales. Además, más de un tercio no dispone de acceso normalizado al sistema sanitario ni de tarjeta sanitaria, una situación que la ONG califica de “discriminación institucional”.

In Género también destacó la existencia de “racismo institucional” y denunció desigualdades territoriales en la aplicación de las normas, así como problemas para empadronarse -incluso con pagos irregulares o impedimentos por parte de arrendadores-, lo que bloquea el acceso a prestaciones básicas.

Además, la responsable del gabinete jurídico de la entidad, María Rosario Porras, alertó de las dificultades que están teniendo sus usuarias para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes y sobre todo “la desigualdad territorial que existe entre unas comunidades y otras en la aplicación de la normativa de extranjería”.

En relación con la trata, el informe identifica 95 víctimas de trata el año, aunque solo 26 personas fueron acompañadas a denunciar, lo que evidencia el miedo y la falta de confianza en el sistema. Por ello, la organización reclamó cambios urgentes, como garantizar la protección sin exigir denuncia previa y situar los derechos de las víctimas “por encima de los controles migratorios”.

Asimismo, el informe expone que existe una exclusión estructural de mujeres migrantes en el acceso a derechos, y pide un compromiso real de las administraciones para garantizar la atención social y sanitaria en condiciones de igualdad.