Una resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla-La Mancha otorga esa autorización ambiental al proyecto del Grupo Avícola Rujamar en San Clemente (Cuenca).

Esa empresa pretende construir en ese municipio conquense una macrogranja con capacidad para explotar casi un millón de gallinas (810.000 ponedoras y 187.500 de recría) y producir unos 235 millones de huevos al año, según apuntó este martes Greenpeace, que forma parte de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial, junto con ADDA, Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción.

“De llegar a construirse, sería la explotación de gallinas más contaminante de España en cuanto a la emisión de amoniaco, un gas tóxico con graves efectos sobre el medio ambiente y la salud pública”, aseguró Greenpeace.

Según datos de la promotora, la instalación generará más de 1.000 toneladas de gallinaza al mes. A ello se sumaría su contribución al agravamiento de la deficiente calidad del agua del acuífero Rus-Valdelobos, del que dependería la explotación, que se sitúa en una zona en mal estado cuantitativo y químico, con unos recursos hídricos declarados ya sobreexplotados y vulnerable a nitratos.

NITRATOS EN EL AGUA

Vecinos de las aldeas de Villarrobledo y Ventas de Alcolea, a unos tres kilómetros de donde está proyectada la macrogranja, ya experimentaron en meses recientes problemas de suministro de agua debido a la alta concentración de sulfatos.

Según los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, en la red de abastecimiento Casas de Roldán-Casa de los Pinos el agua de consumo se viene superando el límite legal de nitratos desde hace años. En la última medición, de septiembre de 2024, fue declarada no apta para consumo. No hay datos más actuales.

“Es inadmisible que en un escenario de crisis climática y de agua, y después de un año en que fueron sacrificados millones de aves de corral debido a la gripe aviar, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, que supuestamente apoya la transición ecológica, dé luz verde a un proyecto de dimensiones faraónicas como el que Rujamar pretende llevar a cabo en San Clemente”, indicaron las organizaciones sociales.

Estas entidades agregaron: “Pese a que casi todos los límites planetarios están traspasados, las administraciones nos siguen empujando hacia el precipicio promoviendo un modelo agroalimentario totalmente insostenible, destructivo y cruel”.

El año pasado se sacrificaron casi tres millones de aves de corral en España debido a la gripe aviar de alta patogenicidad, lo que constituyó “un nuevo y negro récord en España y un mayor riesgo de transmisión a seres humanos”, recalcó Greenpeace.

ALEGACIONES

El nuevo proyecto se ubicaría a solo 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, con el riesgo de contagio procedente de aves silvestres.

“Las macrogranjas son una auténtica bomba de relojería e incrementan de forma exponencial el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a los seres humanos”, destacó Greenpeace.

Desde 2003 se han notificado en todo el mundo un total de 993 casos de gripe aviar en humanos (con 477 muertes), dos de ellos en España, y ese virus ha saltado a otros mamíferos, como vacas, visones o lobos marinos.

“Rujamar y su CEO Rubén Martínez deben dejar ya de hacer un lavado verde de su empresa: ni es verde ni garantiza el bienestar animal. Lo único que busca es explotar a los animales para alcanzar su máximo rendimiento económico. Las gallinas no son objetos ni existen para estar encerradas desde que nacen hasta que mueren”, concluyeron las organizaciones denunciantes.

Estas entidades presentarán alegaciones a la solicitud de concesión de agua, actualmente en proceso de participación pública y abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y al proyecto de real decreto por el que se modifican varias normas sobre ordenación de determinadas explotaciones ganaderas.