Un informe de Grefa apunta que España puede tener cerca de 100.000 balsas de agua. La mayoría de ellas carece de las medidas de seguridad adecuadas para el escape en caso de caída, lo que supone una problemática que afecta gravemente a la fauna, pero también a las personas.

Ese informe recopila todos los accidentes mortales reportados en medios de comunicación, con el resultado de 31 personas muertas por ahogamiento en balsas de agua de distintas provincias españolas desde 2010.

Las víctimas fueron principalmente trabajadores del sector agrario y personas que intentaban rescatar a otras personas o a sus animales domésticos. Entre los fallecidos había también siete niños.

En cuanto a la fauna, cerca de un millón de animales podrían morir en ellas cada año por ahogamiento o, en el caso de estar vacías, por inanición, deshidratación, insolación, agotamiento o lesiones provocadas en sus intentos de escapar.

El último caso conocido de muerte de fauna salvaje por ahogamiento en una balsa de riego fue el de la hembra de lince ibérico Urze y sus dos cachorros en Hellín (Albacete) el pasado julio. Fue una hembra liberada en el marco del proyecto Lynx Connect, en el que WWF participa como parte del programa de recuperación del lince ibérico en Castilla-La Mancha.

“INACEPTABLE”

Asimismo, WWF también informa de casos previos de mortalidad de linces ibéricos en otras balsas de agua de diferentes rincones de la geografía española, a los que se suman episodios con el mismo resultado fatal para ejemplares de distintas especies de rapaces amenazadas equipadas con dispositivos GPS por Grefa.

“Es totalmente inaceptable que algunas personas y miles de animales sigan muriendo ahogados en balsas y otras infraestructuras de riego por la falta de una reglamentación específica que obligue a aplicar unas sencillas medidas de seguridad”, según Luis Suárez, coordinador de Conservación de WWF España.

Por otro lado, este mes se cumplen dos años desde la campaña de alegaciones liderada por Grefa en 2024 y apoyada por 75 entidades ecologistas, ambientalistas y animalistas de toda España, así como por investigadores, creadores de contenido y agentes medioambientales.

En esas alegaciones se exigía la modificación del real decreto para incluir medidas de seguridad y prevención de ahogamientos de personas y animales con carácter retroactivo en todas las balsas de agua del territorio nacional, con independencia de su tamaño, forma, uso o sistema de impermeabilización.

MEDIDAS

Entre estas medidas destaca la instalación de rampas de escape en un número, superficie, tamaño, contraste, rugosidad y resistencia mínimos para facilitar la salida de cualquier persona y cualquier especie animal.

Organizaciones ambientalistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y creadores de contenido llevan años denunciando esta problemática a escala nacional. En 2021, la Fiscalía General del Estado destacó la gravedad de la mortalidad de fauna salvaje protegida en las balsas de riego y solicitó una investigación. A pesar de ello, el decreto sigue paralizado.

“El éxito de la coordinación de una campaña nacional respaldada por decenas de entidades que a su vez representan a cientos de miles de personas, pone de manifiesto la preocupación real que representa esta absurda lacra para la sociedad”, afirman desde Grefa.