Este Comité evaluó este miércoles y este jueves de esta semana en Ginebra (Suiza) el grado de cumplimiento de España respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Está formado por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembro. También supervisa la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención, sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.

El anterior examen a España se produjo en 2018, cuando incluyó en el informe sobre el país una observación en la que indicaba que, “para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como púbico en espectáculos de tauromaquia”.

Bragi Gudbrandsson, miembro del Comité, recordó a la delegación española la existencia de una recomendación específica de este órgano de la ONU sobre la presencia de menores en la tauromaquia, publicada en 2018.

ESCUELAS TAURINAS

Además, otros tres componentes del CDN mostraron su preocupación por el hecho de que los menores queden expuestos a la violencia producida en la tauromaquia, también en la caza, sin que España hubiera armonizado su normativa para impedir estas situaciones de riesgo para su salud física y mental.

Así, Rinchen Chophel advirtió de la existencia de abundante trabajo científico que relaciona estas violencias con posteriores impactos negativos sobre los menores, y Suzanne Aho señaló la paradoja de que existan en España normas sobre contenidos audiovisuales y menores, pero que estos mismos puedan acceder a los llamados “centros de formación de la tauromaquia”, es decir, las escuelas taurinas.

La intervención más extensa sobre la materia fue de Timothy P.T. Ekesa, que repreguntó a la delegación española sobre las escuelas taurinas, y sobre si esas participaciones se producen sin presiones culturales o económicas, entre otros aspectos.

En respuesta, la delegación española manifestó que el Gobierno tiene la intención de restringir el acceso de menores de edad a espectáculos violentos con animales a través de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).

Entre la documentación oficial sobre áreas de incumplimiento con el tratado internacional analizada por el Comité, este analizó un informe presentado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), en el que se alertaba del “persistente incumplimiento” por parte de España de las recomendaciones de 2018.

El informe de CoPPA documenta que la exposición de niñas y a la “violencia” de espectáculos taurinos sigue siendo legal e incluso fomentada en España, pese a “los peligros para la integridad física de los menores y la evidencia científica sobre las negativas repercusiones que la exposición a la violencia tiene en el desarrollo emocional, psicológico de la infancia”.

Además, el CDN recibió tres informes de la Fundación Franz Weber (FFW) que relatan la “participación sistemática” de menores en la tauromaquia, desde su acceso a corridas de toros a la implicación en las llamadas ‘escuelas taurinas’, así como incidentes relacionados con cogidas o incluso acoso educativo y sexual en estos centros.

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) también hizo llevar al Comité otros informes.

CAZA

Por otro lado, el CDN interpeló a España por la participación y la presencia de menores de edad en actividades de caza en las que se utilizan armas de fuego.

Varios miembros del Comité expresaron su preocupación por la normalización de la violencia y por los riesgos asociados a la exposición de menores a la violencia de la caza con armas de fuego, subrayando su contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, un miembro del Comité reforzó esta preocupación calificando la participación infantil en actividades cinegéticas como “un peligro para la infancia” y una amenaza directa al interés superior del menor. En su intervención, reclamó información concreta a España y planteó la necesidad de reformas legales.