Titulada 'El impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos', esta resolución (A/HRC/59/L.6) subraya de manera inequívoca que la corrupción no solo es un problema ético o económico, sino una grave amenaza estructural a los derechos fundamentales de millones de personas en todo el mundo.

Como señala Iván Martínez , vicepresidente de la World Compliance Association, “la corrupción ya no puede abordarse únicamente como una cuestión de gobernanza o transparencia: es una causa directa de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y es que la corrupción mata… derechos”.

La resolución reconoce que la corrupción erosiona la confianza pública, reduce los recursos disponibles para servicios esenciales, y afecta con mayor severidad a los sectores más pobres y vulnerables. En situaciones de crisis —como la pandemia de covid-19 o catástrofes humanitarias— la corrupción tiene efectos aún más devastadores, desviando recursos críticos, obstaculizando respuestas urgentes y exponiendo a millones a condiciones inhumanas.

Entre los derechos especialmente afectados, la resolución destaca el derecho a la salud y a la vida, el derecho a la educación, el acceso a una justicia imparcial, el derecho a la participación en los asuntos públicos y el derecho a la información y la libertad de expresión.

Según Martínez, “estos impactos no son abstractos: están documentados y afectan diariamente a personas que ven sus oportunidades, su seguridad y su futuro truncados por redes de corrupción que operan con impunidad”.

La resolución no se queda en la denuncia. Propone acciones concretas y responsabilidades claras para los Estados: ratificar y aplicar eficazmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; incluir la prevención de la corrupción en los planes nacionales de derechos humanos y de desarrollo sostenible; crear entornos seguros para periodistas, denunciantes, fiscales, jueces, activistas y organizaciones de la sociedad civil; reforzar la cooperación internacional y la asistencia técnica; y desarrollar educación anticorrupción basada en derechos humanos.

EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

La WCA ha sostenido siempre que la cultura de integridad no se impone por decreto, sino que se construye desde el ejemplo, la formación y la acción colectiva. Y en este sentido, el vicepresidente de la WCA señala que “en este nuevo escenario, las organizaciones de 'compliance' tenemos un papel fundamental: acompañar a los Estados en la implementación efectiva de medidas anticorrupción, fortalecer el sector privado como actor clave en la integridad pública, promover el enfoque de derechos humanos dentro de los programas de cumplimiento, y formar profesionales y líderes con mirada ética y compromiso ciudadano".

La adopción de esta resolución es más que un pronunciamiento político. Es un llamado a la acción global. Según Martínez, “la corrupción no es un problema técnico ni exclusivo del sur global: es una amenaza estructural que debilita democracias, perpetúa desigualdades y bloquea el desarrollo humano”.

Desde la World Compliance Association reiteran el compromiso con la promoción de sistemas de integridad sólidos, eficaces y con enfoque de derechos humanos, y animan a gobiernos, empresas y organizaciones a alinear sus estrategias con esta nueva narrativa internacional. "Hoy más que nunca, combatir la corrupción es defender los derechos humanos. Y en ese camino, nadie puede quedarse al margen", proclama.