Los presidentes de Iberduero e Hidrola aseguraron peviamente, en una rueda de prensa, que la integración de ambas empresas mediante una fusión supondría unasplusvalías de 300.000 millones de pesetas, con unos costes fiscales de 100.000 millones, mientras que la OPA supondrá un desembolso a Hacienda del 1 por ciento de la ampliación de capital prevista.

Esta ampliación, añadieron, se hará por un total de 410 millones de títulos, que a su valor nominal actual supondría unos ingresos para Iberduero de 205.000 millones de pesetas, con unos costes fiscales de unos 2.050 millones.

Gomez de Pablos aseguró a esta agencia que no son exactas algunas informacioes aparecidas hoy en la prensa y que cifran el valor de la ampliación de capìtal en 283.167 millones de pesetas, calculando un valor del 137,8 por ciento de su nominal.

Fuentes de HI Holding, la sociedad en la que se integrarán los activos de las dos eléctricas, no quisieron comentar estas informaciones, basadas en una nota de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero insinuaron que podría tratarse de una "metedura de pata" de este organismo.

AMORTIZACION DE LA MORATORIA

Por otro lado, os presidentes de Iberduero e Hidrola se mostraron partidarios de que el Gobierno amortice las inversiones en centrales nucleares sujetas a moratoria en menos tiempo que si hubiesen estado en activo, lo que supondría un periodo de 25 años.

Con esta posición, Gómez de Pablos y Oriol se alinean a los criterios defendidos por Sevillana de Electricidad, cuyos responsables exigen la amortización de los cerca de 500.000 millones de pesetas invirtieron en Valdecaballeros en un plazo de 7 a 8 años.

Por s parte, la patronal elétrica Unesa, encabezada por Julián Trincado, presidente de Unión Fenosa, ha comunicado varias veces al ministerio de Industria su deseo de que la amortización no dure más de los 25 años de vida util que tiene una central nuclear.

De las cuatro eléctricas con intereses bajo moratoria, Fenosa es la que menos volumen de inversiones tiene cautivas, ya que en el momento de que el Gobierno socialista decretase "el parón nuclear" la empresa gallega sólo había destinado unos 10.000 millnes de pesetas para Trillo II.