Aparte de la aprobación de la integración por el Gobierno, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha autorizado a la nueva entidad conjunta la toma de control sobre las concesiones de espectro radioeléctrico que poseen ahora por separado Orange y MásMóvil.

Como con la 'joint venture' se superan los límites de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial, los llamados ‘spectrum caps’, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 88.6 del Reglamento sobre el uso de dominio público radioeléctrico, que da a la nueva entidad un plazo de cinco meses a partir del cierre de la transacción, con posibilidad de prórroga, para revertir esta situación y adecuar los límites de frecuencias.

Cualquier transferencia de este espectro excedente, incluidos los 60 MHz que se cederán a DIGI en virtud de los ‘remedies’ autorizados por la Comisión Europea, tendrá que ser previamente aprobada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

ESCALA

Por otro lado, el departamento que dirige José Luis Escrivá subraya en un comunicado que las dos telecos fusionadas han presentado de forma voluntaria en el proceso de autorización “un ambicioso Plan industrial, estratégico y financiero, que incluye compromisos para realizar grandes inversiones en infraestructuras fijas y móviles, que no podrían lograrse a tal escala sin la operación propuesta”.

“El grupo resultante se ha comprometido a implementar un ambicioso plan de inversión a medio plazo en redes fijas y móviles y a la gestión operativa de dichas redes. La operación y los compromisos aceptados aseguran la continuidad de inversión en redes de nueva generación, lo que contribuirá a que, gracias al despliegue de fibra y redes 5G, España siga siendo el líder europeo en conectividad, con los efectos positivos que ello puede tener para la atracción de inversores o la fijación de población en zonas rurales, entre otros aspectos”.

El Ministerio añade que el Gobierno de España ha aprobado esta operación, que supone la existencia de un nuevo actor con la capacidad financiera y el tamaño necesarios para competir eficientemente y de forma sostenible en el mercado español de las telecomunicaciones, mercado de carácter estratégico para la economía y la seguridad del país, lo que beneficiará a los consumidores y las empresas españolas al disponer una más amplia cartera de productos y servicios.