ASAJA estimó que el volumen de ayudas a fondo perdido que empleará la Administración central no superará los 3.000 millones de pesetas, "cantidad insuficiente" cuando las pérdidas en Andalucía se han valorado en 200.000 millones.

La mayor partida empleada por el Gobierno, 11.300 millones de pesetas, van dirigidos al Plan de Empleo Rural, que ASAJA considera que no son medidas de apoyo a las explotaciones afectadas por la sequía, sino a los jornaleros del campo, y califcó esta medida de "claramente electoralista".

Esta organización aseguró que la moratoria de un año del pago de intereses de los créditos para las explotaciones afectadas por la falta de agua supondrá un coste para la Administración de 300 millones, y la del pago de la tarifa de uso del agua, 150 millones más, "esfuerzo bastante ridículo la dramática situación por la que pasan los agricultores y ganaderos tras dos años de sequía".

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Gnaderos (COAG) afirmó que las explotaciones más perjudicadas son las familiares, después de que el Ministerio de Agricultura ha renunciado a solicitar subvenciones comunitarias para ayudar a susrentas, de las que la CE se encargaba del 70 por ciento del importe (el plazo ya se ha acabado).

Además, estas explotaciones dependen de cultivos intensivos, como el algodón o las hortalizas, que "no están suficientemente cubiertos por el sistema de seguros agrarios", al contrario que otros sectores más intenivos.

Por eso, solicitó ayudas directas para las rentas, condonación de las tarifas del agua (medida también pedida por ASAJA), la paralización de los posibles embargos y subvenciones para instalaciones de riego ahorradoras de agua.

La UPA (Unión de Pequeños Agricultores) también pidió que el plazo de las moratorias por pago de préstamos, de la tarifa del agua y la condonación de Impuesto de Bienes Inmuebles sea de dos años, en vez de uno, como recoge el decreto.

GOBIERNO CICATERO

Esta orgnización agraria, adscrita a UGT, dijo que la norma no recoge ningún compromiso para pagar las declaraciones negativas antes del 30 de septiembre, ni adelanto de las ayudas para los ganaderos en 1993 -según las previsiones de las distintas organizaciones comunes de mercado-, como había pedido anteriormente a su aprobación, el pasado viernes, al Ministerio de Agricultura.

"El Gobierno ha perdido, una vez más, la ocasión de dar satisfacción a las demandas de agricultores y ganaderos, y cuando lo hace esde forma cicatera y claramente insuficiente", aseguró UPA.