Lo hicieron a través de un comunicado en el que instaron al Gobierno a incluir en el articulado de esta norma “la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible y, siempre, antes del 2050”.

A su vez, señalaron la “necesidad” de “incluir objetivo ambiciosos e intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector transporte en 2030 y 2040 en relación a los niveles existentes en 1990”.

Tras analizar el contenido del anteproyecto, las entidades que suscriben el comunicado consideraron “decepcionante que la tan esperada Ley de Movilidad Sostenible no marque una hoja de ruta clara para lograr la descarbonización del transporte, cuando este sector es ya el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero en España”, con el 29,1% del total de las emitidas en 2019, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

También censuraron como una “incoherencia” que se considere al gas natural como una “energía alternativa”, a pesar de que “tiene un impacto climático incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos y es un causante de la dependencia externa energética de terceros países”.

En ese sentido, apostillaron que “en lugar de apostar por el gas natural, el Gobierno debería fijar en la Ley de Movilidad Sostenible un objetivo obligatorio de suministro de combustibles verde cero emisiones mínimo del 6% para 2030 para los barcos”.

Por último, pidieron que la ley priorice la financiación del transporte público y la concreción de diferentes vías de financiación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, cuya creación se anuncia.

Las organizaciones que suscribieron el comunicado son las siguientes: Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), CCOO, ConBici, Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Transport & Environment y WWF.