Según explicaron desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, una de las organizaciones firmantes de las alegaciones, el Ministerio de Trabajo está modificando de forma sustancial “conceptos clave del Derecho Internacional” para introducir un enfoque basado en “identidades subjetivas”.

Las firmantes consideran que Trabajo está introduciendo una “redefinición ideológica” del concepto ‘perspectiva de género’ que debe aplicar, vaciándolo de contenido. Las organizaciones aseguraron que la reinterpretación del término “género” para incorporar categorías no basadas en el sexo “no es una evolución inocua del lenguaje, sino que constituye una alteración sustancial del concepto jurídico original”.

Las entidades también denuncian en sus alegaciones que el anteproyecto introduce categorías como la “identidad de género” o la “expresión de género” en la evaluación de riesgos laborales sin base técnica, sin criterios operativos claros y sin relación directa con riesgos físicos o ergonómicos, lo que genera indeterminación, inseguridad jurídica y una ampliación impropia de las responsabilidades empresariales.

Así, las organizaciones alertaron de un “cambio de paradigma” que sustituye el análisis de desigualdades materiales entre mujeres y hombres por el reconocimiento de identidades subjetivas, lo que, a su juicio, diluye el sujeto político de protección -las mujeres-, distorsiona el marco jurídico internacional y debilita herramientas eficaces de igualdad.

Otro aspecto por el que las organizaciones están preocupadas es el impacto de esta posible reforma sobre los espacios físicos de trabajo, como vestuarios y aseos. Las organizaciones firmantes advirtieron de que la introducción de criterios basados en la identidad de género puede “desdibujar” las garantías actuales de separación por sexo, poniendo en riesgo la intimidad, la seguridad y la dignidad de las trabajadoras.

Además, las entidades de mujeres criticaron que el anteproyecto sustituya referencias explícitas a las mujeres por expresiones neutras como “persona trabajadora embarazada”, lo que consideran una forma de invisibilizar las discriminaciones específicas sufridas por las mujeres en el ámbito laboral.

Finalmente, las entidades pidieron la retirada de estas redefiniciones, exigieron que la reforma respete los estándares internacionales y la evidencia científica, y señalaron de que la prevención de riesgos laborales no debe utilizarse para introducir agendas ideológicas que puedan poner en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras.