Según explicaron desde el Pacto Social contra los discursos de odio, un Pacto de Estado permitiría impulsar reformas estructurales como protocolos específicos, protección integral a las víctimas, una tipificación penal clara del odio, organismos competentes y recursos suficientes, así como una base jurídica sólida en el Código Penal.

El Pacto Social es una alianza suscrita en 2023, liderada por la Federación Estatal Lgtbi+ (Felgtbi+) y formada por más de 10 entidades que trabajan por los derechos humanos y los principales sindicatos. Las organizaciones que componen el Pacto realizaron estas reivindicaciones este lunes ante el arranque del proceso de negociación con los grupos parlamentarios para la tramitación de esta medida, que se inicia este lunes.

Tras analizar el informe de conclusiones que inicia su tramitación parlamentaria, el Pacto Social advirtió de carencias del texto como la ausencia de presupuesto, falta de mecanismos de seguimiento y evaluación, exclusión de las personas con discapacidad, falta de accesibilidad y escasas medidas de inclusión social para colectivos como las personas migrantes.

Las organizaciones rechazaron cualquier propuesta que no desemboque en un Pacto de Estado y alertaron de que aceptar un texto débil o fácilmente derogable sería una oportunidad perdida que dejaría, de nuevo, expuestas a millones de personas vulnerables frente al odio.

Las entidades también añadieron que hablar de un Pacto de Estado contra loa discursos de odio “no es una mera cuestión terminológica”, sino que es la única figura que posibilitará “reformas estructurales y medidas de protección que trasciendan a los ciclos electorales y a los intereses individuales del momento”.