En un comunicado conjunto, Escuelas Católicas, Confederación Española de Centros de Enseñanza, la Federación de Centros de Enseñanza de Economía Social y la Associació Profesional Serveis Educatius de Catalunya, remarcaron que en la reciente reunión de la mesa negociadora del VII Convenio de Enseñanza concertada celebrada presentaron una propuesta conjunta para la revisión salarial de los años 2022 y 2023, que no fue aceptada por los sindicatos.

"A pesar de las justificaciones dadas para esta propuesta, que atienden tanto a las necesidades económicas del personal que presta servicios en nuestros centros como al mantenimiento de la viabilidad económica de nuestros proyectos educativos, los sindicatos se han ratificado en su exigencia de no esperar más y firmar tablas salariales con incremento general para todos los trabajadores del 1,5% para 2022 y del 2,5% para 2023", expusieron.

En concreto, las patronales propusieron para 2022, año en el que ya se aplicó un incremento salarial del 2%, un incremento adicional de un 1,5% en los salarios del personal docente en pago delegado con efectos del 1 de enero de 2022 y no incrementar adicionalmente los salarios del personal docente en pago directo ni del PAS en 2022, derivando ese incremento al 1 de enero de 2023. Y para este año se propone "no incrementar salarios hasta que se clarifiquen los módulos de conciertos correctos para este año 2023 y, una vez se haya resuelto esa cuestión incrementar los salarios del personal docente en pago delegado un 2,5% con efectos del 1 de enero de 2023; e incrementar los salarios del personal docente en pago directo y del PAS con efectos del 1 de enero de 2023 en un 4%".

"Hay que recordar que para los años 2022 y 2023 deben tenerse en cuenta una serie de factores que en estos momentos generan grave incertidumbre y la necesidad de aclaraciones por parte de las diferentes administraciones públicas implicadas, en relación con los módulos de concierto: los referidos al procedimiento seguido para la aprobación de los módulos de concierto para 2022, que han llevado a que algunas comunidades autónomas cuestionen su obligatoriedad; y la no consideración del impacto del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional vinculado a la cotización a la Seguridad Social en la cuantía de los módulos de concierto para 2023, cuestiones que requieren ser subsanadas oficialmente", expusieron las organizaciones.

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE

Por otro lado, las patronales subrayaron que "ha empeorado" la financiación de los centros educativos concertados, "claramente insuficiente y deficitaria desde hace tiempo y con congelación de la partida de 'Otros Gastos' en muchas comunidades autónomas", especialmente en 2022, por el aumento del IPC y de los costes debidos a la inflación y al encarecimiento de la energía. "Situación difícil que se traslada igualmente a los niveles no concertados en los que resulta imposible repercutir a las familias los incrementos de los costes", aseguraron.

También hicieron referencia a la incidencia en el sector del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Las patronales están dispuestas a estudiar posibles soluciones a partir de la actualización salarial de 2023, dándose cumplimiento mientras tanto, a través de un complemento salarial que ya se está abonando, a la obligación legal de que ningún trabajador perciba un salario inferior a dicho SMI". Por todo ello, las organizaciones patronales cofían en "la comprensión" de las organizaciones sindicales y de todos los trabajadores del sector en relación con las propuestas presentadas y "las circunstancias excepcionales que las motivan".