Según detalla el manifiesto suscrito este martes por las organizaciones profesionales y sindicales como la FAPE, APM, UGT y CCOO, entre otras, la libertad de información “no es una concesión de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder”, sino “un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía y una condición imprescindible para que exista una democracia digna de este nombre”.

Las entidades consideran “intolerable” que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios sean “insultados, perseguidos, amenazados o agredidos” mientras informan desde manifestaciones, concentraciones, conflictos sociales, emergencias u otros escenarios de interés público.

Asimismo, califican de “todavía más grave” que algunos grupos políticos contribuyan a señalar a periodistas concretos, los conviertan en “adversarios personales” o utilicen términos como “terrorista” para referirse a profesionales que están desarrollando su trabajo.

El documento diferencia entre la crítica al trabajo periodístico y las situaciones de intimidación. “El sector periodístico no pide privilegios. Nuestro trabajo puede ser criticado, discutido y cuestionado y, cuando cometemos errores, debemos responder por ellos. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta la intimidación, la amenaza o la agresión”.

Por ello, las organizaciones reclaman a todas las fuerzas políticas y responsables institucionales que “condenen de manera inequívoca cualquier agresión contra profesionales de la información” y abandonen las estrategias de señalamiento personal contra periodistas. También piden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garanticen que los periodistas puedan trabajar con seguridad, especialmente en situaciones de tensión.

El manifiesto reclama además una “mayor vigilancia” y protección para los profesionales técnicos de radio y televisión que los acompañan y que, al ir identificados, son, “con frecuencia, víctimas de acoso y hostigamiento”. Tambíen demandaron que las amenazas, coacciones y agresiones sean investigadas con diligencia. “Cualquier profesional de la información identificado como tal y que está trabajando debe ser protegido, no dejado a su suerte”.

Finalmente, las organizaciones hacen un llamamiento a la sociedad para defender el derecho de la ciudadanía a recibir información y a la propia profesión periodística para actuar de forma solidaria ante las agresiones. “Cuando atacan a uno de nosotros mientras informamos, con rigor, veracidad y profesionalidad, nos atacan a todos”, concluyen, al reclamar un compromiso común para responder unidos ante cualquier agresión o señalamiento.