En esta década, y con relación al fraude alimentario, se han realizado más de 26.000 inspecciones, en las que se detectaron un total 150 infracciones penales y más de 16.000 infracciones administrativas.

En este tiempo, también se investigó a más de 570 personas y se intervinieron cerca de un millón y medio de litros de productos y más de 6.700 millones de kilos, según los datos expuestos en el acto por la jefa del Grupo de Delitos contra el Patrimonio, comandante Patricia Angulo.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, destacó que el acuerdo “ha sido una herramienta clave para fortalecer la seguridad alimentaria, proteger el prestigio de los productos Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP) y reforzar la confianza de consumidores y productores”.

El acto, celebrado en la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, también contó con la presencia del jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el General de Brigada Alfonso López, y la jefa del Área de Calidad Diferenciada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mónica de Santos Carretero.

En esta jornada también se abordaron los retos que tiene por delante esta asociación, como un mayor control del comercio electrónico y actuaciones de oficio por parte de la Guardia Civil y las administraciones públicas competentes.

Origen España y la Guardia Civil tienen previsto firmar próximamente un nuevo protocolo con un proceso de actuación en tres pasos, que incluyen denuncia ante el cuerpo policial por parte de los Consejos Reguladores -órganos encargados de la defensa y control de las Denominaciones de Origen-, actuación y diligencias por parte de la Guardia Civil y personificación del Consejo Regulador en el proceso judicial.