La organización, a través de un comunicado, pidió también al Gobierno que impulse medidas que impidan desalojar a personas vulnerables sin garantizarles antes una alternativa habitacional y advirtió de que la crisis de la vivienda se ha convertido en una "emergencia social" que exige anteponer el derecho a la vivienda frente a la especulación.

El responsable de Vivienda de la organización, Alejandro García-Gil, sostuvo que el lanzamiento "no debería haberse producido" y lo atribuyó al citado "fracaso institucional compartido", al considerar que la no prórroga del decreto antidesahucios y la falta de una alternativa habitacional por parte de las administraciones dejaron desprotegida a Maricarmen.

Además, denunció que "no podemos aceptar que los intereses especulativos de los fondos buitre se antepongan al derecho de las personas a conservar su hogar".

De este modo, Oxfam pidió al Gobierno la aprobación inmediata de un real decreto que impida desahuciar a personas vulnerables sin ofrecerles antes una solución habitacional y reclamó también una prórroga extraordinaria para los contratos de alquiler que expiran en 2026 y 2027, medidas que se contemplan ya en el decreto de vivienda paralizado en el Ejecutivo.

Asimismo, instó a los grupos parlamentarios a respaldar estas medidas en el Congreso y recordó que las comunidades autónomas y ayuntamientos también disponen de herramientas para prevenir desahucios.

La organización defendió además la aplicación de los límites al alquiler en zonas tensionadas, la ampliación del parque público de vivienda y una fiscalidad orientada al uso social de los inmuebles.

"La crisis de la vivienda en España es ya una emergencia social" y "es hora de tomar decisiones políticas valientes que pongan el derecho a la vivienda por delante de la especulación", concluyó García-Gil.