Medio rural y ambiental

El Pacma lleva a los tribunales el plan de caza del lobo en Asturias

- Lo considera “ilegal” y contrario al Derecho europeo

- Denuncia que el programa autoriza el control pese a que la especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable

Madrid/Oviedo
SERVIMEDIA

El Partido Animalista Pacma ha interpuesto de una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias contra la resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de esa región que aprueba el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026.

El Pacma consideró este martes que ese programa vulnera de "forma flagrante" la normativa europea y nacional de protección de la fauna, al autorizar la captura y muerte de ejemplares de lobo cuando la especie se encuentra “en estado de conservación desfavorable en todo el territorio español”, como reconocen los informes oficiales remitidos por el Gobierno a la Comisión Europea y el reciente censo nacional del lobo.

Esa formación política sostiene que el plan asturiano ignora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que no pueden adoptarse medidas letales contra una especie protegida mientras su estado de conservación sea desfavorable, ni siquiera en las zonas donde la normativa permite medidas de gestión.

En este sentido, el Pacma subraya que “la Administración autonómica ha optado por la caza como herramienta principal”, obviando el principio de precaución ambiental y las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats.

INFORMES TÉCNICOS

En la demanda, el Pacma cuestiona la validez científica de los informes técnicos en los que se apoya el programa y denuncia que “sobreestiman la población de lobos, omiten datos esenciales sobre su situación real y no se ajustan a los criterios metodológicos exigidos por la normativa europea”.

Además, el partido animalista lamenta la ausencia de una estrategia efectiva de coexistencia con la ganadería y señala que el programa no prioriza ni desarrolla medidas preventivas como la protección del ganado, el uso de mastines, cerramientos o una política de compensaciones vinculada a la prevención.

Asimismo, la demanda denuncia la "falta de transparencia y de participación pública", al no haberse garantizado un trámite de audiencia real ni el acceso completo a la información ambiental, lo que vulnerando el Convenio de Aarhus y la legislación española en materia de participación ciudadana.

(SERVIMEDIA)
30 Dic 2025
MGR/pai