El Pacma insiste en que las manifestaciones públicas del magistrado “en defensa de la tauromaquia comprometen la objetividad necesaria para resolver el caso" y que sus palabras vertidas en redes sociales y medios de comunicación “no solo muestra un claro apoyo a los festejos taurinos, sino también una crítica explícita hacia el movimiento animalista y las normativas de protección animal, lo que podría influir en su decisión final”.

El partido animalista se ampara en lo establecido en los artículos 219.9ª y 10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contemplan la “enemistad manifiesta” o el “interés en la causa” por parte del magistrado como causas de recusación y garantía de un proceso justo.

El Supremo tiene sobre la mesa la impugnación del acuerdo del Ayuntamiento de Medinaceli que autorizaba la celebración del tradicional festejo taurino. La estimación del recurso devolvería la firmeza a la sentencia previa que declaró ilegal la celebración del Toro Júbilo.