El Pacma ya presentó alegaciones al borrador del PRUG en marzo de 2024 proponiendo alternativas a la caza, como la traslocación de ejemplares, la eliminación de vallados cinegéticos y la recuperación de depredadores naturales, según informó este lunes esa formación política.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura admitió a trámite su recurso en noviembre de 2025, con lo que el Pacma formalizó un mes después una demanda contra el decreto autonómico.

En su escrito, la formación animalista sostiene que el decreto fue aprobado con “graves defectos procedimentales” que menoscabaron la participación pública y que la Junta de Extremadura ha vuelto a respaldar al sector de la caza ignorando, a su juicio, el deber de la Administración pública de proteger un espacio natural que pertenece al conjunto de la ciudadanía.

VULNERACIÓN DIRECTA

Según el Pacma, que el nuevo PRUG incurre en una vulneración directa de la Ley de Parques Nacionales al permitir batidas, rehalas, recechos, aguardos y caza con arco bajo la denominación de “control poblacional”.

Desde el Pacma explican que se trata de modalidades cinegéticas tradicionales y que el cambio terminológico constituye, en la práctica, "un artificio semántico para soslayar la prohibición legal de la caza en estos espacios", lo que autoriza la caza deportiva bajo el “eufemismo” de gestión poblacional.

El escrito de conclusiones también subraya que la Junta de Extremadura reconoce que los controles aplicados en años anteriores no han logrado reducir de forma significativa las densidades de ungulados.

A juicio de Pacma la Junta no ha acreditado la inexistencia de alternativas no letales y ha ignorado “deliberadamente” soluciones basadas en la restauración de los equilibrios ecológicos, como se recoge en los informes periciales aportados al procedimiento.

Además, sostiene que el Gobierno extremeño ha invertido el principio de precaución al permitir actuaciones potencialmente lesivas para la fauna y los ecosistemas sin haber demostrado previamente su necesidad ni descartado medidas menos invasivas.

“a decisión de mantener la actividad cinegética en Monfragüe carece de base científica suficiente y responde a intereses ajenos a la conservación del parque”, apostilla el Pacma.

LOBO

Por otro lado, el Pacma pone el foco en la omisión del Plan de Recuperación del Canis lupus, especie catalogada ‘en peligro de extinción’ en Extremadura desde hace más de 20 años.

Apunta que la ausencia de grandes depredadores naturales contribuye a un ecosistema desequilibrado y artificializado, favoreciendo altas densidades de ungulados y situaciones de estrés derivadas de las batidas, que, según expone, pueden agravar la propagación de enfermedades que la Junta invoca como justificación sanitaria para autorizar las matanzas.

El Pacma advierte también del impacto ambiental y sanitario del uso de munición de plomo en las actuaciones autorizadas, y alerta de su fragmentación y dispersión en la cadena trófica, con potencial afección a especies protegidas del parque y a la salud pública.

Por ello, solicita la anulación íntegra del PRUG y reitera que la gestión de un parque nacional debe regirse “por criterios científicos y de conservación estricta, no por intereses cinegéticos”.