El Pacma no puede interponer recursos de inconstitucionalidad, algo para lo que solo están facultados el Defensor del Pueblo, el presidente del Gobierno, 50 diputados o 50 senadores.

Esta formación política ya solicitó formalmente al Defensor del Pueblo que lo haga y ahora formaliza la misma petición al PSOE y Sumar, aunque este último grupo cuenta con 27 diputados.

No obstante, el Pacma apuntó que ambos grupos votaron en contra de la aprobación de la desprotección del lobo y suman cerca de 150 diputados: "Hemos solicitado que, por coherencia con su voto y en defensa de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, de los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, de la separación de poderes y, sobre todo, de nuestro patrimonio natural, presenten el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional”, argumentó.

Desde el Pacma apuntaron: “No se puede tolerar que los órganos constitucionales se salten las leyes y la propia Constitución, que las Cortes legislen de manera arbitraria y que se ponga en riesgo la conservación de una especie tan emblemática y relevante para la biodiversidad como el Lobo, sin ninguna base ni fundamentación científica”.

El pasado 20 de marzo, en el marco de la tramitación de la Ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, el Congreso aprobó varias disposiciones que, de manera directa, excluían a las poblaciones del lobo del norte del Duero del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), con lo que se abrió de nuevo la veda para su caza, y condicionaban el mantenimiento de las del sur a que no se rebajara el nivel de protección de la especie en la UE. Algo que podría suceder próximamente.

Estas disposiciones salieron adelante gracias a los votos favorables del PP, Vox, el PNV y Junts. Algunas comunidades autónomas retomaron sus planes de caza de lobos, como Cantabria, donde se han abatido nueve ejemplares.

Sin embargo, el Pacma indicó que el Congreso carece de competencias para incluir o excluir especies del Lespre, por lo que la aprobación de la exclusión del lobo en el Lespre sería inconstitucional.

Esta formación subrayó que solo el Gobierno es competente para ello, como recoge la Ley de Protección Natural y de la Biodiversidad, de 2007, y recalcó que la vuelta de la caza de ese carnívoro no se sometió a participación pública.