Se trata de la Ley 18/2013, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, que fue aprobada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a una iniciativa legislativa popular que logró prohibir las corridas de toros en Cataluña, lo cual fue declarado inconstitucional posteriormente en virtud de la mencionada norma estatal de hace 10 años.

Según el Pacma, la competencia otorgada al Estado por esta ley impide a las comunidades autónomas prohibir o incluso regular las prácticas relacionadas con la tauromaquia, como se evidenció en el intento de Baleares de establecerlas "sin sangre" en 2017.

"Aunque a lo largo de la citada ley se trate de justificar el mandato de preservación y conservación de la tauromaquia, dirigido a todos los poderes públicos, haciendo alusión a la misma como ‘signo de identidad colectiva’ o ‘tesoro propio de nuestro país’, la realidad es que, hoy en día, la mayor parte de la sociedad española no se identifica con estas prácticas atroces, sino que, por el contrario, se avergüenza de un concepto de cultura y tradiciones basadas en el maltrato hacia los animales", sostuvo Cristina García, vicepresidenta del Pacma y jurista experta en derecho animal.

Eva Ramos, asesora jurídica de la formación animalista, recordó que Podemos hizo una promesa electoral en 2018 sobre realizar un referéndum sobre la tauromaquia. "Desconocemos si lo hicieron siendo conscientes de que esto no era posible o, peor, sin haberse asesorado antes sobre si era o no posible", señaló.

Javier Luna, presidente del Pacma y firmante de la solicitud remitida a Urtasun, pidió al nuevo ministro que emprenda "desde ya" los pasos necesarios para impulsar la derogación de la Ley 18/20134, pues el actual Gobierno de coalición cuenta con la mayoría suficiente para derogarla al tratarse de una ley ordinaria.